El Sisbén ha sido el pilar para identificarte y clasificarte según tus condiciones de vida, pero está a punto de entrar en una etapa de metamorfosis profunda.
A partir del 1 de julio de 2026, comienza oficialmente la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).
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Este proceso de transformación tendrá una duración aproximada de dos años y su meta principal es mejorar la forma en que el Estado identifica a los beneficiarios de los programas sociales.
¿Qué significa la transición del Sisbén al RUI y cómo funcionará?
La gran novedad del RUI es que la clasificación ya no se basará principalmente en encuestas autodeclaradas. Hasta ahora, el sistema confiaba mucho en la información que tú mismo entregabas al encuestador.
Con el nuevo modelo, los instrumentos de información manual pasarán a un segundo plano para dar prioridad a los registros administrativos oficiales.
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Para lograr esto, el sistema cruzará información de 47 entidades públicas oficiales, entre las que se encuentran la DIAN, la Registraduría Nacional y el Ministerio de Educación.
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Al utilizar estas bases de datos, el Estado podrá establecer con mayor exactitud tu ubicación dentro de un grupo y subgrupo oficial.
Esto generará una información mucho más dinámica y real sobre las condiciones económicas de tu hogar, permitiendo que la focalización de subsidios en temas como transporte, educación y transferencias monetarias sea mucho más efectiva.
¿Perderás tus subsidios con el inicio del Registro Universal de Ingresos (RUI)?
Esta es la duda que más preocupa a los ciudadanos, pero puedes estar tranquilo. Según explicó Úrsula Ablanque Mejía, secretaria distrital de Planeación, la implementación de este nuevo registro no implica la salida inmediata de los beneficiarios de sus programas sociales.
Durante los dos años que durará la transición, las entidades públicas se dedicarán a realizar análisis de impacto y ajustes metodológicos. Esto significa que el periodo se usará para evaluar qué aspectos del sistema están funcionando bien y cuáles necesitan ser corregidos o replanteados antes de que el RUI opere plenamente.
El objetivo no es eliminar ayudas, sino "fortalecer la identificación de la población beneficiaria" para asegurar que el gasto público social se asigne de manera correcta.
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