Jenny Barrera, una vendedora ambulante de Bogotá, vive un drama luego de que le llegara a su casa una orden de embargo, según contó, por deber 92 comparendos, la mayoría de ellos, por invasión de espacio público.
"Me están embargando mi casa por un cobro de 400.000 pesos y mirando la página, salgo a deberle al Estado más de 20 millones de pesos en comparendos", contó para Noticias Caracol.
"Me preocupa que me quiten el esfuerzo que he hecho durante toda mi vida para tener una casa y que me la quiten por un comparendo", añadió.
Las más de 90 sanciones que tiene Jenny se deben a un desacatamiento del numeral 4 del artículo 140 del código de Policía, que hace referencia a la acción de "ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes".
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A su vez, otra de las vendedoras informales contó que tiene más de 200 comparendos que la limitan para poner un negocio formal; debe más de 25 millones de pesos en multas.
Por su parte, Andrés Macías Tolosa, investigador en seguridad de la Universidad Externado de Colombia, la sentencia C21117 de la Corte Constitucional "estableció que para poder imponer ese tipo de sanciones es necesario valorar las condiciones de los afectados, como revisar si se trata de una población vulnerable o un grupo de especial protección".
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Alejandro Rivera, director del Ipes, entidad encargada de brindar alternativas productivas a la población de la economía informal en Bogotá, aseguró que durante este primer semestre del año organizarán el espacio público de la ciudad: "Los estamos reubicando y caracterizando para que puedan trabajar de manera ordenada", afirmó.
"En el tunal también tenemos una zona que vamos a pactar. La idea es poder organizar el espacio público y garantizar el derecho al trabajo", añadió Alejandro.
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