
Aparece 'guardado' de familia que fue atacada en Mesitas; un carro de valores en la mira
La investigación reveló que varios de los implicados tenían un historial ajeno a la vida tranquila de los campesinos de la región.

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El ataque que sacudió a Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, el pasado 19 de agosto, no solo dejó a tres personas muertas y a otras tres gravemente heridas, sino que destapó un pasado oscuro que rodeaba a las víctimas. El hecho ocurrió en la finca Villa Claudia, en la vereda San Ramón, donde cuatro hombres llegaron en moto, preguntaron por una supuesta caja fuerte y segundos después abrieron fuego contra quienes se encontraban allí.
De inmediato, la noticia causó conmoción en la zona rural, pues la comunidad veía a la familia como personas de bajo perfil, que apenas llevaban tres años viviendo en el sector. Sin embargo, la investigación de las autoridades terminó mostrando que varios de los involucrados arrastraban un historial que nada tenía que ver con la vida tranquila de los campesinos de la región.
Según información oficial, cuatro de los seis afectados tenían antecedentes por delitos como porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, hurto y concierto para delinquir. La situación que más llamó la atención fue la de Joanny Chivatá, dueño de la finca Villa Claudia y una de las víctimas mortales del ataque.
Chivatá no era un desconocido para las autoridades. Años atrás fue capturado por su participación en una organización conocida como Los Avatars, una banda que usaba uniformes de Policía falsos para ingresar a viviendas y fincas, simulando operativos, y terminar llevándose todo lo que encontraban. Esa historia encajó con la hipótesis que se maneja ahora: el ataque habría sido un ajuste de cuentas entre bandas.
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El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que las investigaciones de la Policía, el Gaula, la Fiscalía y el SIPOL apuntan a que el ataque fue una retaliación. Se habla de una disputa entre estructuras delictivas que operan en Bogotá y que habrían extendido su brazo hasta Cundinamarca.
De hecho, las autoridades descartaron vínculos con grupos armados organizados o con disidencias. Todo indica que las tensiones habrían nacido por incumplimientos en acuerdos o por la repartición de bienes ilegales.
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Mientras tanto, en la comunidad de San Ramón la incertidumbre se siente. Vecinos comentan que nunca vieron movimientos extraños en la finca, salvo el hecho de que la familia no socializaba mucho y mantenía un estilo de vida reservado. Esa calma aparente contrastó con la violencia con que se perpetró el ataque.
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La información obtenida por El Tiempo revela que Chivatá Daza estuvo vinculado a una red de delincuencia organizada en Bogotá que tenía en la mira carros de valores. En medio de uno de esos intentos de robo, el 2 de julio de 2019, la situación terminó en un enfrentamiento a disparos con la Policía en Ciudad Bolívar. Ese día murió el intendente Erick Joan Cruz Gutiérrez, comandante del CAI Arborizadora Alta, mientras inspeccionaba la camioneta en la que iban los delincuentes.
Por este hecho, Chivatá estaba siendo investigado y su situación judicial aún no se había definido. Además, se conoció que ya había tenido una condena anterior: el 16 de marzo de 2012 un juzgado de Bogotá lo sentenció a cinco años de prisión tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. En esa ocasión, lo acusaron de porte ilegal de armas y de uso indebido de uniformes de la Fuerza Pública, pues se hacía pasar por Policía para facilitar robos.