Nicolás Maduro, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Brooklyn desde su captura el pasado 3 de enero, enfrenta una nueva demanda federal en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en la muerte de al menos 1.300 personas.
La acción judicial fue presentada el martes 30 de junio ante un tribunal de Brooklyn por las familias de cinco jóvenes venezolanos que murieron durante operativos de seguridad realizados entre 2017 y 2020.
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La demanda, impulsada por la organización jurídica Centro Guernica 37, se ampara en la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991. Esta normativa estadounidense permite presentar demandas civiles contra funcionarios extranjeros acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales cometidas en ejercicio de sus funciones oficiales.
El grupo de demandantes está compuesto por tres madres, un padre y una mujer que perdió a dos hermanos. Por temor a represalias, los familiares han optado por el uso de seudónimos en el expediente judicial.
Entre los testimonios destaca el de una madre que relata cómo su hijo de 20 años murió dentro de su propia habitación durante una redada en Caracas; según la mujer, agentes policiales habrían sustraído pertenencias de la vivienda tras el homicidio.
¿Qué podría pasar con Nicolás Maduro?
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Los hechos denunciados están vinculados a la denominada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) y a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Los demandantes alegan que estos cuerpos de élite irrumpían en barrios populares, obligaban a las víctimas a arrodillarse para dispararles.
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Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citado en el proceso documentó que las fuerzas de seguridad venezolanas causaron al menos 6.856 muertes en un periodo de 18 meses (2018-2019), utilizando tácticas para simular resistencia de las víctimas, como disparar a las paredes o colocar armas junto a los cuerpos.
Pese a estas acusaciones, los informes señalan que Nicolás Maduro respaldó públicamente la labor de las FAES en repetidas ocasiones.
Uno de los puntos centrales del debate jurídico será si Nicolás Maduro puede invocar inmunidad como jefe de Estado para desestimar el caso. No obstante, los abogados del Centro Guernica 37 sostienen que la jurisprudencia actual favorece el avance del proceso, citando como precedente el caso del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, condenado en 2018 bajo leyes similares.
La demanda busca una indemnización por daños y perjuicios punitivos y compensatorios, aunque el objetivo primordial de las familias es combatir la impunidad que, según afirman, impera en el sistema judicial de su país de origen.
Mientras el gobierno venezolano no ha emitido comentarios oficiales sobre esta nueva acción, Nicolás Maduro permanece a la espera de las próximas audiencias en el centro de detención neoyorquino.
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