El pasado jueves 9 de julio de 2026, Catalina Giraldo Silva, una psicóloga de 31 años, falleció en una clínica de Bogotá tras recibir la eutanasia.
Si bien este era su deseo final para detener un sufrimiento que describió como insoportable, el camino para llegar a este punto estuvo marcado por bloqueos institucionales y una lucha jurídica que aún continúa en los tribunales colombianos.
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Catalina padecía trastornos mentales diagnosticados como trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.
Desde el año 2020, su historial médico registraba más de 40 esquemas farmacológicos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva.
Ninguno de estos tratamientos logró aliviar su padecimiento permanente, por lo que decidió buscar una muerte digna.
¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido en Colombia?
Es fundamental que comprendas que, aunque ambos procedimientos buscan el mismo fin, la ejecución es distinta. En la eutanasia, es un profesional de la medicina quien administra el medicamento para causar la muerte al paciente.
En cambio, en el suicidio médicamente asistido (SMA), el médico proporciona o prescribe el fármaco, pero es el propio paciente quien se lo administra para mantener su total autonomía hasta el último segundo.
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En Colombia, el suicidio asistido fue despenalizado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-164 de 2022.
A pesar de que esta práctica es legal bajo ciertas condiciones —sufrimiento intenso por enfermedad grave, consentimiento libre e informado y supervisión médica—, Catalina se encontró con un vacío jurídico.
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Aunque la práctica ya no es un delito, todavía falta una reglamentación clara para su aplicación por parte de las entidades prestadoras de salud (EPS).
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¿Por qué Catalina Giraldo no pudo acceder al suicidio médicamente asistido?
Durante más de diez meses, Catalina interpuso diversos recursos ante el sistema de salud para que se le permitiera acceder al suicidio asistido.
Sin embargo, su EPS se negó a autorizarlo, argumentando que su caso se basaba en diagnósticos de salud mental y no en enfermedades físicas terminales. Esta negativa la obligó a emprender una "cruzada jurídica" que llegó hasta la Corte Constitucional.
Ante la demora en la respuesta judicial y el continuo deterioro de su salud mental, Catalina decidió finalmente solicitar la eutanasia.
Según explicó en una de sus últimas entrevistas, no sentía que se estuviera rindiendo, sino que estaba entregando la responsabilidad a otros debido a que el sistema le cerró las puertas a su verdadera voluntad de autoadministrarse el medicamento.
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"Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente", afirmó horas antes del procedimiento.
El Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), que acompañó su proceso, señaló que la inacción del Estado obligó a Catalina a recurrir a la eutanasia cuando ella deseaba el suicidio asistido como un acto de cuidado y autonomía.
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A pesar de su fallecimiento, la batalla judicial en la Corte Constitucional persiste con el objetivo de que se eliminen las barreras para que otras personas no sean condenadas a un "suicidio traumático en soledad".
Catalina dejó un mensaje final en el que esperaba ser recordada como alguien que inició un camino y dejó "la puerta abierta" para entender la muerte desde un lugar diferente.
Su madre, Ángela Silva, respaldó la decisión hasta el final, destacando que el amor incondicional también implica respetar el derecho de cada ser humano a elegir cómo desea partir cuando el dolor es insuperable.
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