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El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe continúa revelando detalles que estremecen a la opinión pública. Aunque el joven autor material del ataque ya fue condenado, las investigaciones apuntan ahora hacia un presunto autor intelectual que habría planeado el crimen desde una cárcel.
La noticia ha causado conmoción, no solo por el perfil de las personas involucradas, sino por la forma en que se coordinó el atentado desde un centro penitenciario.
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó recientemente la condena de siete años para el adolescente apodado Tianz, quien ejecutó el ataque el pasado 7 de junio.
El joven disparó tres veces contra el político en el barrio Modelia, provocándole heridas que finalmente causaron su muerte el 11 de agosto. Sin embargo, las nuevas revelaciones de la Fiscalía sugieren que detrás de él y de los otro capturados, habría una mente que lo manipuló desde la distancia.
De acuerdo con las autoridades, el caso tomó un giro inesperado al descubrirse que un interno identificado como J. Mora Silva habría sido quien contactó y convenció al menor para cometer el crimen. Las pruebas indican que lo hizo mediante una videollamada, aprovechando su influencia en el entorno criminal de la capital.
Según la investigación de la Fiscalía, Mora Silva realizó la videollamada desde el penal donde cumple condena por hurto. Durante la comunicación, habría persuadido al adolescente para ejecutar el atentado y luego lo conectó con otro integrante de la estructura, alias Chipi, quien se encargó de los detalles logísticos del ataque.
La Fiscalía imputó a Mora Silva los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. Aunque el acusado no aceptó los cargos, los investigadores aseguran que forma parte de una organización criminal con presencia en Bogotá, dedicada al tráfico de estupefacientes y a los homicidios selectivos.
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Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el ataque no fue un hecho aislado, sino parte de una trama más compleja. Los fiscales ahora intentan establecer si el crimen tuvo motivaciones políticas, económicas o personales, una línea de investigación que sigue abierta.
El asesinato de Miguel Uribe conmocionó al país no solo por su impacto político, sino por el modo en que expuso las vulnerabilidades del sistema judicial y penitenciario. Que un crimen de tal magnitud se haya coordinado desde una prisión plantea serios cuestionamientos sobre los controles al interior de los centros de reclusión.
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Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores investigativas para identificar a todos los responsables. La familia del exprecandidato ha pedido que se haga justicia y que este caso marque un precedente para evitar que situaciones similares se repitan.
El país sigue atento a cada avance de la investigación. La historia de Miguel Uribe, truncada de manera violenta, se ha convertido en símbolo de la lucha contra la impunidad y del esfuerzo por esclarecer quiénes fueron realmente los responsables de un crimen que dejó una huella profunda en la política y en el corazón de los colombianos.
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