La situación judicial de Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, sigue generando debate en Colombia.
La abogada Wendy Herrera entregó nuevos detalles sobre el estado del caso y explicó por qué aún no ha podido iniciar las acciones necesarias para intentar sacarla de prisión.
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La empresaria e influencer permanece privada de la libertad mientras cumple una condena impuesta por la justicia colombiana, relacionada con los hechos ocurridos durante las protestas de 2019, cuando se difundieron videos en los que aparecía causando daños en instalaciones de una estación del sistema de transporte masivo en Bogotá.
En medio de ese proceso, Herrera se pronunció públicamente a través de redes sociales para aclarar cuál es su papel actual en el caso y responder a quienes le han preguntado por los avances en la defensa.
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Según explicó la abogada, aunque manifestó su disposición de asumir la defensa de la influencer y ayudarla a recuperar la libertad, todavía no cuenta con el poder legal necesario para actuar formalmente en el proceso judicial.
En un mensaje dirigido a sus seguidores, Herrera fue clara al afirmar: “Yo aún no tengo poder de la Epa Colombia”, dejando en evidencia que, sin esa autorización jurídica, no puede acceder al expediente ni presentar las acciones legales que permitan buscar beneficios para su cliente.
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La jurista señaló que, pese a ello, mantiene su intención de ayudar en el caso. “Yo estoy en la disposición de atenderla, de ayudarla a recobrar su libertad”, expresó al explicar que espera poder tener acceso a los documentos del proceso para empezar a trabajar en una estrategia jurídica.
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El caso de la influencer ha tenido varios movimientos en los últimos meses. Uno de los más recientes fue la negativa de un juez a una solicitud presentada por su defensa para extinguir la pena, decisión que mantiene vigente la condena y su permanencia en prisión.
Actualmente, el cumplimiento de la sentencia es supervisado por un juzgado de ejecución de penas en Bogotá, que es el encargado de revisar cualquier solicitud relacionada con beneficios judiciales o cambios en las condiciones de la condena.
En paralelo, también se menciona la posibilidad de escenarios de conciliación relacionados con los daños ocasionados, lo que eventualmente podría abrir la puerta a mecanismos de justicia restaurativa, aunque por ahora el proceso continúa su curso normal.
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