La empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, recibió una nueva decisión judicial en el proceso penal que enfrenta desde 2025.
Un caso que se encuentra relacionado con hechos de vandalismo a una estación de TransMilenio durante el paro nacional de 2019.
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¿Epa Colombia podría tener reducción de condena en 2026?
Un juez de ejecución de penas del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó la solicitud presentada por la defensa de Barrera.
Con la cual se buscaba la extinción o la reducción de su pena, con base en mecanismos contemplados en la reciente Ley de Justicia Restaurativa (Ley 2477 de 2025).
Tras el análisis correspondiente, el juzgado determinó que no se cumplían los requisitos legales para otorgar esos beneficios, por lo que la condena impuesta inicialmente se mantiene vigente.
La sentencia en firme contra Epa Colombia fue impuesta en 2021 por la Corte Suprema de Justicia, que la responsabilizó por múltiples delitos relacionados con los actos de vandalismo en una estación del sistema TransMilenio y la difusión de esos hechos en redes sociales.
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¿De cuánto es la condena de Epa Colombia?
La pena fijada fue de 63 meses y 15 días de prisión equivalente a más de cinco años sin que se consideraran beneficios como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Durante el proceso judicial actual, la defensa de la creadora de contenido argumentó que algunos de los beneficios previstos en la Ley 2477 podrían aplicarse a su caso, como parte de estrategias orientadas a la justicia restaurativa.
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Sin embargo, el juez encargado evaluó que los elementos presentados no cumplían las condiciones establecidas por la normativa para acceder a la extinción o redosificación de la condena, lo que llevó al rechazo de la solicitud.
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La decisión se da en momentos en que la Epa Colombia ha buscado, desde su equipo legal, la posibilidad de modificar el cumplimiento de la pena, incluyendo la presentación de recursos adicionales en instancias superiores.
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Tomando acciones de tutela que fueron presentadas anteriormente para cuestionar aspectos del proceso. No obstante, esos recursos tampoco prosperaron ante las altas cortes.
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En comunicado relacionado con el proceso, representantes del sistema judicial explicaron que la Ley de Justicia Restaurativa busca facilitar mecanismos que permitan soluciones alternativas en ciertos casos. pero que su aplicación está condicionada al cumplimiento de requisitos legales y procedimentales estrictos.
Las decisiones judiciales que se han tomado hasta ahora mantienen firme la pena originalmente impuesta por la Corte Suprema de Justicia y limitan las posibilidades de acceder a beneficios que modifiquen su situación actual.
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