El proceso penal por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años que estudiaba Ingeniería de Sistemas y falleció el 31 de octubre de 2025 tras ser víctima de una agresión a la salida de una fiesta de disfraces en Chapinero, Bogotá, entró en una etapa determinante luego de que se conociera la sentencia condenatoria en primera instancia.
Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, los abogados que representan a la familia del universitario revelaron algunos de los argumentos que presentó la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los principales condenados, para intentar obtener una pena menor.
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¿Cuál habría sido la estrategia de Juan Carlos Suárez para reducir su condena?
Según explicó Camilo Rincón, abogado de las víctimas, durante el juicio oral la defensa de Juan Carlos Suárez presentó un peritaje con el que buscaba desvincularlo de la causa determinante de la muerte del estudiante y atribuirle la responsabilidad a Ricardo Rafael González Castro, el otro agresor condenado.
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El jurista señaló que la intención de esa prueba era sostener que una patada propinada por González, que quedó registrada en videos difundidos públicamente, habría sido la responsable de las lesiones que ocasionaron el fallecimiento de Jaime Moreno.
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Al respecto, Rincón explicó: “En juicio, la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz llevó un perito para reconstruir unas escenas de otras cosas... lo que se pretendía con esa prueba era la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz excluirse de la responsabilidad y endosarse exclusivamente a Ricardo Rafael González Castro por la patada que todo el país conoció", destacó.
Sin embargo, la representación de la familia cuestionó la pertinencia de ese peritaje y lo calificó como “inútil, impertinente e inconducente”. Según el abogado, la hipótesis de que una sola persona habría causado las lesiones mortales fue desvirtuada por el dictamen de Medicina Legal y el testimonio del médico forense durante el juicio.
¿Qué otros argumentos presentó la defensa para buscar una pena menor?
De acuerdo con lo expuesto por los abogados de las víctimas, las defensas también intentaron plantear que lo ocurrido fue producto de un altercado circunstancial y que las fracturas craneales que sufrió Jaime Moreno se habrían producido por el impacto de su cabeza contra el andén, y no directamente por los golpes recibidos.
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Frente a esta postura, Camilo Rincón sostuvo que las pruebas recopiladas durante el proceso permitieron establecer la actuación conjunta de los agresores y las condiciones de indefensión en las que se encontraba el estudiante cuando continuó el ataque.
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“Dieron cuenta del ataque cuando Jaime Esteban fue colocado en estado de indefensión por parte de Ricardo Rafael González Castro y donde se aprovecharon ellos de ese estado de indefensión y lo ultimaron con las patadas a la altura del cráneo y el tórax cuando él ya se encontraba inconsciente, tirado en su propio lago hemático”, manifestó el abogado.
¿Cuál fue la condena contra los principales implicados en la muerte de Jaime Moreno?
El Juzgado 801 Penal del Circuito de Bogotá impuso en primera instancia una condena de 37 años y seis meses de prisión contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por el delito de homicidio agravado en calidad de coautores.
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No obstante, las defensas de los procesados interpusieron un recurso de apelación para buscar una modificación de la sentencia.
El abogado Francisco Bernate, quien también representa a la familia Moreno, explicó cuál es uno de los principales argumentos presentados por la contraparte ante la segunda instancia: “Ellos insisten en que no fue un hecho intencional, que realmente estas personas no quisieron causar la muerte y piden que se rebaje la condena”, mencionó.
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En contraste, Bernate señaló que la Fiscalía y la representación de las víctimas consideran que la pena impuesta no corresponde a la gravedad de los hechos y solicitaron que sea aumentada.
“Por el contrario, la Fiscalía y nosotros pensamos que la condena quedó especialmente baja y solicitamos que se ajuste la condena y que se aumente”, agregó.
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Por esta razón, los abogados de la familia solicitaron al Tribunal Superior de Bogotá elevar la sanción a 45 años de prisión, al considerar la gravedad de la agresión y la participación de los condenados en los hechos.
Ahora, la decisión queda en manos del Tribunal, que deberá estudiar los argumentos de las partes y resolver los recursos presentados.