En las últimas horas, una juez 26 penal de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas señaladas de participar en el ataque contra de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del actual director de la Policía Nacional, el general William Rincón.
Andrés Camilo Sotelo Torres, Catherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega López, Juan Sebastián Ávila Ochoa y Solanggye Trujillo Devia, ante esto la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por delitos, entre los que se encuentran tortura agravada, uso de menores de edad para la comisión de delitos, ocultamiento de material probatorio y soborno.
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Según el ente acusador, los implicados habrían estructurado un plan entre el 13 y el 24 de noviembre de 2024 para atraer a Rincón al barrio, además la Fiscalía mencionó que hubo el uso de perfiles falsos en redes sociales para ganarse la confianza del joven y la instrumentalización de una menor de 16 años.
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De igual forma, comentó que el móvil del ataque habría sido una presunta represalia por comunicaciones de índole sexual que la víctima habría sostenido con otra menor. Pese a eso, la jueza calificó de estos actos de “extrema gravedad”, y explicó que Juan Felipe Rincón fue sometido a una golpiza cerca de 15 minutos y hubo uso de varillas.
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Sumado a esto, explicó que la muerte del joven se produjo por un impacto de proyectil de arma de fuego durante una riña, esto después de que el escolta de la víctima intervino para defenderlo, la necropsia reveló que antes del disparo, Rincón ya presentaba múltiples hematomas y contusiones en cabeza, espalda y extremidades producto del ataque coordinado.
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Otro pilar de la decisión judicial fue el comportamiento de los acusados tras el homicidio. La Fiscalía presentó pruebas de cómo intentaron bloquear el rastro satelital del iPhone de la víctima envolviéndolo en papel aluminio, para luego trasladarlo al sector de Potosí, en Ciudad Bolívar. Asimismo, se detectaron intentos de coordinar versiones para engañar a las autoridades.
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Pese a que las defensas de los implicados apelaron la decisión, argumentando que el cargo de tortura es una "exageración" y la jueza de control de garantías se mantuvo firme, esto según ella debido a la severidad de las pruebas encontradas.