La Fiscalía General de la Nación prepara la imputación formal de cargos contra Laura Sarabia, exjefa de gabinete y mano derecha del presidente Gustavo Petro, tras la caída definitiva del acuerdo de justicia restaurativa con el que buscaba archivar el expediente por el polígrafo irregular realizado a su exniñera, Marelbys Meza.
Lo que comenzó como una mesa de negociación para acordar una reparación económica y simbólica que evitara los tribunales se derrumbó por completo debido al testimonio bajo juramento de un oficial de policía implicado y a la aparición de una segunda presunta víctima en el proceso.
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¿Qué pasó con Laura Sarabia y Marelbys Meza?
Para comprender el origen de este escándalo, tienes que viajar en el tiempo hasta el 30 de enero de 2023. Ese día, en la Casa Galán —un edificio de inteligencia ubicado justo frente a la Casa de Nariño—, Marelbys Meza fue sometida a una prueba de polígrafo.
¿La razón? El supuesto robo de un dinero en el apartamento de Laura Sarabia, una suma que se estima entre los cuatro mil y siete mil dólares.
Además, Sarabia sostuvo posteriormente que en el lugar también había documentos de Estado, por lo que el asunto fue manejado como un tema de seguridad nacional.
Sin embargo, la práctica de este examen bajo sospechas de irregularidades desató una tormenta política y de investigación judicial.
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Tras avanzar en las indagaciones, la Fiscalía General de la Nación determinó que la exfuncionaria (quien también se desempeñó como directora del DAPRE y embajadora en el Reino Unido) debe enfrentar cargos criminales.
El ente acusador alista la imputación formal contra Sarabia por tres graves delitos específicos: peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.
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¿Cómo se frustró el acuerdo de justicia restaurativa de Laura Sarabia?
Durante varios meses, la defensa de Laura Sarabia —liderada primero por Mauricio Pava y luego por Mario Iguarán— intentó evitar que el caso llegara a un juicio penal.
Para ello, buscaron una salida alterna mediante un mecanismo de justicia restaurativa. En julio de 2026, la apoderada de Marelbys Meza incluso envió una carta formal a la Fiscalía solicitando la activación de este proceso, el cual contaba con la voluntad libre de su representada.
La propuesta incluía un acto de reconocimiento de responsabilidad, reparación simbólica y una compensación económica a la víctima con el fin de archivar el expediente.
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Sin embargo, este intento de conciliación se frustró por completo debido a dos factores inesperados:
- La confesión de un oficial clave: El 2 de julio de este año, el capitán Óscar Leandro Mojica Cordón firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía. En su matriz de colaboración, Mojica se comprometió a declarar bajo juramento que Laura Sarabia fue quien dio la orden directa de realizar el polígrafo y de modificar su esquema de seguridad. Esto contradice directamente la versión que Sarabia dio a principios de 2024, cuando afirmó que la decisión había estado en manos de su esquema de seguridad.
- Una segunda víctima en el proceso: Fabiola Perea, otra exempleada doméstica de Sarabia, solicitó ser reconocida formalmente como víctima. Perea denunció que, aunque no la sometieron al polígrafo, policías vestidos de civil acudieron a su casa sin orden judicial, tomaron fotografías y vulneraron la intimidad de su familia.
Ante estos hechos, la Fiscalía descartó definitivamente la vía de la justicia restaurativa, dejando a Sarabia ante las puertas de un juicio formal.
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La respuesta de Laura Sarabia y el panorama legal
Luego de que se conociera que la Fiscalía alista la radicación para la audiencia de imputación, Laura Sarabia se pronunció a través de sus redes sociales.
En una publicación en su cuenta oficial de X, aclaró que el caso está en manos de sus abogados y que respeta plenamente a las autoridades judiciales.
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"Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas. Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones.
Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo", concluyó la exfuncionaria.
El panorama legal para Sarabia es complejo si el proceso avanza hacia una condena. De acuerdo con analistas penalistas, delitos como el peculado por uso y el abuso de función pública conllevan restricciones que impedirían que la exfuncionaria acceda a beneficios como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Ahora, la defensa tendrá que decidir si controvierte las acusaciones en el juicio o si intenta buscar otra salida negociada, como un preacuerdo o principio de oportunidad antes de que se defina su destino legal.