El polémico traslado de David Murcia Guzmán, el cerebro detrás de la extinta pirámide DMG, desde la cárcel La Picota en Bogotá hacia el centro penitenciario de máxima seguridad de Palogordo, en Girón (Santander), ha encendido las alarmas en la opinión pública.
Lo que las autoridades del Inpec califican como un procedimiento de rutina, la defensa del interno lo cataloga abiertamente como una traición y una presunta persecución política estatal.
La tensa relación entre ambos personajes no es nueva, pero ha escalado a niveles sin precedentes. A finales de 2008, tras el colapso de la captadora ilegal de dinero, Abelardo de la Espriella asumió la defensa jurídica de Murcia Guzmán.
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No obstante, el vínculo se fracturó rápidamente en medio de renuncias y señalamientos cruzados.
A inicios de 2026, la confrontación estalló públicamente. Mediante explosivas revelaciones periodísticas, el fundador de DMG acusó formalmente a su exabogado de haberse quedado de forma irregular con 5.000 millones de pesos en efectivo.
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Según el recluso, dicho capital estaba destinado a sus honorarios y a supuestas labores de cabildeo ante el Congreso de la República. Murcia no dudó en calificar el hecho como una traición financiera y profesional.
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Las coincidencias políticas detrás del traslado a Palogordo
La controversia actual radica en el particular momento en el que el Inpec ordenó sacar a Murcia de su reclusión en Bogotá. El traslado masivo se ejecutó pocas semanas después de que Abelardo de la Espriella asumiera formalmente la Presidencia de la República.
Para aumentar las suspicacias, la cartera del Ministerio de Justicia —entidad de la cual depende directamente el sistema carcelario— está hoy en manos de Iván Cancino, quien actuó como el abogado defensor de De la Espriella en los litigios éticos y disciplinarios entablados por Murcia.
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Ante este escenario, la abogada penalista Sondra Macollins, apoderada del exjefe de DMG, cuestionó con dureza el operativo y manifestó un profundo temor por la vida y la integridad de su cliente.
Con este sorpresivo traslado, el fundador de la comercializadora de tarjetas prepago regresa al severo régimen de alta vigilancia.
En la prisión de Palogordo, Murcia compartirá instalaciones con internos de alta peligrosidad vinculados a bandas criminales y estructuras armadas organizadas.
Paradójicamente, este movimiento ocurre mientras sus abogados tramitan ante el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas de Bogotá una solicitud formal de libertad.
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La defensa exige que se aplique el principio de non bis in idem para contabilizar los 9 años que Murcia cumplió en cárceles de Estados Unidos por lavado de activos dentro de su condena en Colombia, la cual supera los 22 años de prisión. Mientras la justicia evalúa su excarcelación, el fantasma de la traición y el choque de poderes continúan dominando la agenda nacional.