Justo cuando creemos que hemos avanzado como sociedad frente a temas arraigados con la sexualidad de los seres humanos, aparecen iniciativas como las de un legislador de laFlorida que pretendía prohibir a los profesores y distritos escolares discutir con los estudiantes sobre temas relacionados con género y orientación sexual, a través de un proyecto denominado "Don't say gay" , o sea "No digas gay".
En muchas partes del mundo, por no decir en todo; la homosexualidad ha sido considerada un trastorno mental. De hecho fue sólo hasta 1973 que fue eliminada del Manual de Enfermedades Mentales. Y aunque desde entonces, se ha venido luchando contra todos los actos y comportamientos homofóbicos, infortunadamente aún pasa que todo aquel que se sienta atraído por alguien de su mismo sexo, y lo saque a relucir es señalado, marginado y en muchas ocasiones hasta obligado a someterse a terapias que lo hagan recapacitar sobre lo que es considerado una anomalía.
Dichas terapias, denominadas terapias de conversión sexual, las cuales tienen como objetivo "curar" y llevar por el "camino del bien" a quienes no se sientan identificados por la heterosexualidad, han sido declaradas como torturas disfrazadas. Sus tratamientos que incluyen sesiones psicológicas, psiquiátricas y hasta espirituales, han sido señalados por la Organización de Naciones Unidas, como las causantes de diferentes traumas en la vida de quienes han sido sometidos a ella.
Y es que resulta increíble pero cierto, que en este punto de la la historia, pleno siglo XXI, alguien tenga que enfrentarse al rechazo familiar por recomendación "médica", o a ingerir altas cantidades de medicamentos para tratar desordenes neurológicos sólo porque no sentir atracción por alguien del sexo opuesto.
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Por eso y más, Nueva Zelanda se suma a la lista de países en los que queda rotundamente prohibido llevar a cabo este tipo de terapias.
Con ello se ha puesto fin a “un error hiriente, insidioso y destructivo”, dijo el viceprimer ministro Grant Robersto a la Radio New Zealand.
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Además se contempla una ley que de una pena de hasta tres años de cárcel a quien aplique este tipo de terapias a una persona menor de 18 años o incapacitada para tomar decisiones.