Duro golpe a residentes de conjuntos; les negarán servicios a estas personas en especial

Vivir en propiedad horizontal en Colombia implica compartir espacios, además de cumplir con obligaciones financieras que garantizan el mantenimiento de la copropiedad. El marco legal principal que rige este funcionamiento es la Ley 675 de 2001, la cual establece las bases para la convivencia para los residentes de conjuntos.

Sin embargo, el incumplimiento en el pago de las cuotas de administración suele ser un punto de conflicto recurrente, lo que ha llevado a la Corte Constitucional a intervenir para definir qué medidas pueden tomar las administraciones contra los residentes morosos en estas ocasiones.

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De acuerdo con la interpretación de la Corte, los conjuntos residenciales tienen la potestad de imponer restricciones a quienes se encuentran en mora por falta de pagos, siempre que estas medidas están contempladas en el reglamento interno.

Tanto es así que se conoció que entre las acciones permitidas se encuentra la limitación del uso de bienes comunes no esenciales, tales como zonas sociales, áreas recreativas, piscinas, gimnasios o espacios de esparcimiento.

¿Qué dice la ley sobre estás acciones de los conjuntos residenciales?

De igual forma, la ley autoriza la adopción de medidas de carácter informativo, esto con las personas que se encuentren en mora en el conjunto. Por lo cual, estas sanciones buscan incentivar el pago sin llegar a afectar derechos básicos.

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Sin embargo, se conoció que uno de los puntos más debatidos ha sido la participación de los copropietarios en las decisiones del conjunto. Al respecto, la Sentencia T-633 de 2003 de la Corte Constitucional determinó que impedir que los propietarios morosos participen en las asambleas de copropietarios no vulnera.

Dicha decisión se debe a que según el alto tribunal, las decisiones tomadas por la administración son procedentes mientras se mantengan dentro del marco legal vigente y respeten las garantías constitucionales de los residentes.

A pesar de la facultad sancionatoria de los conjuntos, la ley impone límites estrictos para proteger la dignidad humana. La Sentencia T-568 de 2002 precisó que la suspensión de servicios o el acceso a espacios es válida únicamente si no se afectan las condiciones mínimas para una existencia digna.

Por lo tanto, la restricción de servicios esenciales o el acceso a la vivienda está prohibida. La Corte es enfática en que cada caso de mora debe analizarse de manera particular en cada caso.