Esta práctica frecuente con gatos en conjuntos residenciales podría costarte una multa

En varios conjuntos residenciales del país revive la discusión sobre la responsabilidad de los propietarios de mascotas, especialmente de gatos, frente al uso de zonas comunes.

Aunque muchas personas consideran que estos animales son independientes y difíciles de controlar, la normativa de propiedad horizontal establece deberes claros para evitar afectaciones a vecinos y espacios compartidos.

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Multas a dueños de gatos por dejarlos sin supervisión en zonas comunes

La situación gira en torno a una práctica bastante común: permitir que los gatos circulen libremente por pasillos, terrazas, jardines o áreas comunes sin supervisión. En algunos casos, los felinos ingresan a otros apartamentos, dañan mallas de protección, dejan desechos o generan molestias entre residentes que no tienen mascotas.

Estas situaciones han llevado a administraciones y consejos de copropietarios a reforzar controles e incluso imponer multas.

La base legal para estas obligaciones está en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), que en sus artículos 116, 117 y 118 establece normas claras sobre la tenencia responsable de animales en espacios compartidos.

Estos artículos no prohíben la presencia de animales, pero sí regulan cómo deben comportarse y qué medidas deben tomar sus propietarios para evitar que se conviertan en un problema para otros residentes.

Específicamente, el artículo 118 indica que los gatos que se encuentren en zonas abiertas al público o en espacios comunes deben ser transportados con los elementos adecuados para su manejo, como maletines o collares especiales.

Permitir que un gato se mueva libremente por estos espacios sin la supervisión directa de su cuidador no solo se considera una conducta inapropiada desde el punto de vista de la convivencia, sino también una infracción que puede acarrear sanciones.

Según lo establecido, si un gato causa daños o representa un riesgo para otros residentes, los afectados tienen la posibilidad de presentar quejas ante el consejo de administración del conjunto residencial. Si no se toman medidas correctivas, la situación puede elevarse a una denuncia formal ante la Policía Nacional.

En estos casos, la normativa faculta a las autoridades para imponer sanciones económicas, que en 2025 pueden alcanzar hasta cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, alrededor de $233.452 pesos.

Esta multa puede aplicarse cuando se demuestra que la conducta del gato como deambular sin control ha generado incomodidades o perjuicios dentro del conjunto.

Además de las sanciones previstas en la Ley 1801, los consejos de administración de las propiedades horizontales también pueden implementar medidas disciplinarias internas, siempre que estas hayan sido aprobadas por la asamblea de copropietarios y se encuentren claramente registradas en los estatutos de la copropiedad.

Estas sanciones internas pueden incluir multas adicionales que, dependiendo de la gravedad del caso, podrían superar incluso los $700.000 pesos.

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Los gatos que salen de las viviendas y deambulan por zonas comunes sin supervisión pueden alterar la tranquilidad de otros vecinos, causar daños materiales o provocar altercados con otros animales, lo que afecta la convivencia general.

Es importante destacar que esta normativa no busca limitar la tenencia de mascotas, sino fomentar una convivencia armónica entre todos los residentes. Para cumplir con estas reglas, los dueños de gatos deben asegurarse de controlarlos adecuadamente cuando estén en áreas compartidas, utilizando los elementos recomendados y evitando que sus mascotas se comporten de manera que genere molestias o riesgos.

La aplicación de multas en estos casos está respaldada por la legislación vigente, y las administraciones de los conjuntos residenciales tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir, siempre dentro del marco legal y con respeto por los derechos de los propietarios de mascotas.

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