Celebrar con un asado en casa es una tradición que muchas personas disfrutan, especialmente en momentos de festividad. Sin embargo, antes de encender la parrilla en el balcón de tu departamento, es crucial conocer qué dice la normativa al respecto y cuáles son las reglas que podrían aplicarse en tu comunidad de vecinos.En términos generales, no existe una norma que prohíba explícitamente hacer barbacoas en propiedades particulares.No obstante, algunas normativas locales establecen restricciones, especialmente en áreas recreativas, donde está prohibido encender fuego si el riesgo de incendio forestal es alto (nivel 3 o superior). Esto rara vez aplica a comunidades residenciales urbanas, donde los balcones o terrazas son espacios privados.Por otro lado, para instalar una barbacoa fija en espacios exteriores, es necesario solicitar autorización correspondiente y cumplir con las normas de seguridad contra incendios que estipule la normativa local.Aunque la ley no prohíbe las barbacoas en balcones, cada comunidad de vecinos tiene la facultad de establecer restricciones específicas en los estatutos internos o reglamentos de copropiedad.Es fundamental que los residentes se informen a través del Administrador o del Comité de Administración sobre lo que indica el reglamento interno. Incluso si la ley lo permite, la comunidad puede imponer multas en caso de incumplimiento.Además, si vives en un departamento alquilado, es posible que el contrato de arrendamiento también establezca restricciones sobre el uso de barbacoas.Aunque tengas todo en regla, es importante considerar el impacto que puede tener una barbacoa en los vecinos. El humo, los olores y el ruido son las principales causas de quejas en las comunidades. Según diversas sentencias de las Audiencias Provinciales, las barbacoas no se consideran actividades molestas ni peligrosas si se realizan con sentido común y respeto hacia los demás.Para evitar conflictos, se sugiere:Avisar a los vecinos con antelación para que puedan tomar precauciones.Controlar el nivel de humo para evitar daños en la fachada o molestias mayores.Realizar el asado dentro de un cerramiento de terraza si es posible.Hacer un asado en el balcón de tu departamento puede ser una opción perfectamente legal y posible, siempre y cuando sigas las normativas municipales y las reglas internas de tu comunidad. Antes de encender la parrilla, infórmate bien para disfrutar del momento sin inconvenientes ni conflictos con tus vecinos.Mira también: Tres alternativas para que el ICETEX te perdone la deuda
La prohibición de ingreso de domiciliarios a los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal ha sido un tema polémico. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, esta restricción puede ser válida si tiene como objetivo garantizar la seguridad de la comunidad. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no se trata de una injerencia arbitraria que vulnere la intimidad familiar, sino de una medida que la administración de la copropiedad puede tomar para proteger a los residentes.Durante la etapa más estricta del aislamiento por el Covid-19, el Gobierno Nacional dispuso varias restricciones en las propiedades horizontales, entre ellas la prohibición del ingreso de domiciliarios.Esta norma obligaba a los residentes a recoger sus paquetes o pedidos en las porterías de sus edificios o conjuntos, una disposición que fue acatada sin mayores inconvenientes por propietarios y arrendatarios, conscientes de su propósito: reducir los contagios en un momento crítico.Sin embargo, con la disminución de los índices de transmisión del virus, la llegada masiva de las vacunas y la eliminación progresiva de restricciones, la situación cambió. A través de la Resolución 777 de 2021, el Ministerio de Salud unificó los protocolos de bioseguridad y derogó la mayoría de las medidas específicas que regían en la propiedad horizontal, incluida la relativa a los servicios de domicilio. Esta resolución entró en vigor el 2 de junio de 2021, dejando sin sustento normativo la prohibición en cuestión.¿Por qué sigue vigente en algunos lugares?A pesar de la derogación de la norma, muchos residentes de propiedades horizontales reportan que la medida de restringir el ingreso de domiciliarios continúa en sus conjuntos y edificios. Esta situación puede explicarse, principalmente, por dos razones:Desconocimiento de los cambios normativos: En algunos casos, los administradores de las copropiedades no están al tanto de que la norma que respaldaba esta restricción ya no está vigente.Motivos de seguridad: Otros administradores han decidido mantener la medida como una estrategia para prevenir delitos, argumentando que la inseguridad en el país ha aumentado y que la presencia de personas externas en las unidades residenciales representa un riesgo.La restricción del ingreso de domiciliarios por razones de seguridad no es un tema nuevo. En 2002, la Corte Constitucional analizó una acción de tutela relacionada con esta práctica y concluyó que la administración de una copropiedad puede implementar este tipo de medidas para proteger a sus residentes. Bajo este argumento, algunos consejos de administración han optado por mantener la prohibición, incluso en ausencia de una obligación sanitaria.Aunque las condiciones sanitarias han mejorado considerablemente, el aumento de la inseguridad en el país ha llevado a que muchas copropiedades prioricen la protección de sus residentes, limitando el acceso de personas externas, incluidos los domiciliarios.La continuidad de estas restricciones ha generado incomodidad en algunos residentes, quienes consideran que la medida perdió su razón de ser y dificulta la vida cotidiana. No obstante, otros respaldan las decisiones administrativas, señalando que, en un contexto de creciente inseguridad, estas restricciones contribuyen a reducir riesgos.En última instancia, el debate pone de manifiesto la necesidad de que las administraciones de las copropiedades encuentren un equilibrio entre la seguridad y la comodidad de los residentes, todo dentro del marco de la legalidad y el respeto por los derechos de todos los involucrados.Mira también: Tres alternativas para que el ICETEX te perdone la deuda
En Colombia, casi la mitad de los habitantes vive en arriendo o subarrendando, según estudios recientes. Sin embargo, no todos conocen los elementos esenciales que deben incluirse en un contrato de arrendamiento para garantizar claridad y protección a ambas partes.La Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana, establece pautas claras sobre cómo deben estructurarse estos contratos. Este artículo responde a las preguntas más comunes sobre el tema, ayudándote a entender lo esencial para evitar inconvenientes. Empieza a ponerlos en práctica con el inicio del nuevo año 2025.¿Qué es un contrato de arrendamiento urbano?Un contrato de arrendamiento urbano es un acuerdo entre dos partes: el propietario, que permite el uso de un inmueble con fines residenciales, y el inquilino, que paga un valor acordado por este uso. Según el artículo 2 de la Ley 820, este contrato puede cubrir el arriendo total o parcial de una vivienda y detalla obligaciones recíprocas entre las partes.¿Se deben autenticar siempre los contratos de arrendamiento?Aunque la ley permite contratos verbales o escritos, se recomienda hacerlo por escrito y autenticar las firmas. Esto asegura mayor claridad y evita malentendidos o disputas legales. Un contrato escrito debe incluir:Identificación de las partes.Características del inmueble.Valor y forma de pago del arriendo.Duración del contrato.Servicios públicos y adicionales a cargo de cada parte.Aunque la autenticación no es obligatoria, es una medida de seguridad adicional que evita problemas como suplantaciones.Dos elementos que deben ser incluidos en contratos de arrendamientoLa Ley 820 distingue entre servicios y características inherentes al inmueble (usos conexos) y aquellos adicionales que puede ofrecer el arrendador.Usos conexos: Son los servicios básicos que facilitan la habitabilidad del inmueble, como agua, gas, energía, acceso a zonas comunes (en propiedades horizontales) o elementos como chimeneas o saunas dentro de la vivienda.Usos adicionales: Son servicios opcionales ofrecidos por el arrendador, como alimentación y lavandería en propiedades estudiantiles, parqueaderos, bodegas o administración de propiedades horizontales. Estos servicios deben pactarse expresamente en el contrato.Incluso si ninguno de estos servicios adicionales serán prestados es importante que en el contrato se aclare que el inmueble no contará con ningún tipo de usos adicionales como parqueaderos, bodegas, etc.Importancia de la claridad en los contratosUn contrato de arrendamiento bien estructurado protege tanto al arrendador como al arrendatario. Además de cumplir con los requisitos legales, evita conflictos relacionados con pagos, servicios o condiciones de uso del inmueble.Con la tecnología actual, este documento puede firmarse en formato físico o digital, siendo ambos igualmente válidos. Sin embargo, lo fundamental es garantizar que los términos sean claros y estén debidamente documentados.Si estás por arrendar o alquilar un inmueble, toma en cuenta estas recomendaciones. La Ley 820 de 2003 es una guía clave para que tanto propietarios como inquilinos puedan cumplir con sus derechos y obligaciones.Sigue leyendo: Polémica por mujer que le cobra a su novio por quedarse en casa
Las festividades decembrinas son una época para compartir y celebrar en familia, pero en muchos conjuntos residenciales, las reuniones sociales suelen generar tensiones por el ruido y las incomodidades que afectan a algunos vecinos. Aunque el Código Nacional de Policía regula el comportamiento que altera la convivencia, las sanciones impuestas directamente por los administradores de propiedad horizontal carecen de respaldo legal, según aclara la Ley 675 de 2001.Multas solo con autorización de la Asamblea o Consejo de AdministraciónDe acuerdo con esta normativa, las sanciones a los residentes únicamente pueden ser impuestas por la Asamblea de Copropietarios o el Consejo de Administración, siempre que así lo contemple el reglamento interno del conjunto. Esto significa que los administradores no tienen facultad para imponer multas por sí mismos. La abogada Estefany Rendón señala que cualquier sanción emitida de esta manera “Es ineficaz y vulnera el derecho fundamental al debido proceso”.Esta disposición es crucial durante las celebraciones de Navidad y fin de año, una temporada en la que las fiestas son comunes. Aunque estas actividades pueden ser molestas para algunos, las restricciones arbitrarias por parte de los administradores no están respaldadas jurídicamente. La convivencia, más que una cuestión de sanciones, debe ser abordada con mecanismos de diálogo y acuerdos entre los vecinos.¿Qué dice el Código Nacional de Policía?El Código Nacional de Policía establece multas severas para quienes alteren la paz o generen perturbaciones significativas en la convivencia, con sanciones que pueden alcanzar hasta 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, estas medidas deben ser aplicadas exclusivamente por las autoridades competentes y no por administradores de conjuntos residenciales.Este marco legal busca equilibrar los derechos de quienes desean celebrar y de aquellos que prefieren tranquilidad. Las sanciones no autorizadas, lejos de resolver conflictos, solo incrementan las disputas y erosionan la convivencia.Más allá de lo estipulado por la ley, el llamado principal es a que los residentes actúen con empatía y respeto durante estas festividades. La idea es que los administradores, en lugar de recurrir a sanciones sin sustento, fomenten el diálogo entre los vecinos para llegar a acuerdos que beneficien a todos.La temporada decembrina es una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y construir un ambiente armónico donde las celebraciones sean motivo de alegría, no de conflicto. Con esta regulación, el enfoque está puesto en la colaboración y en garantizar que todos puedan disfrutar de la época más esperada del año.Mira también: Tres alternativas para que el ICETEX te perdone la deuda
En Colombia, los avances tecnológicos han transformado la manera en que realizamos pagos. Hoy, gracias a plataformas como PSE (Pago Seguro en Línea), es más sencillo cumplir con tus obligaciones financieras, incluyendo la administración de tu conjunto residencial o propiedad horizontal. Según un estudio de Minsait Payments, el 37% de los usuarios bancarizados en el país optan regularmente por métodos de pago digitales, lo que refleja una clara tendencia hacia la digitalización de las transacciones.¿Qué es PSE y cómo funciona?El botón de pagos PSE, ofrecido por ACH Colombia, permite realizar pagos en línea de forma segura y rápida. A través de este servicio, los usuarios autorizan a su banco a debitar fondos directamente de sus cuentas de ahorro o corriente. La inscripción al servicio es sencilla y solo requiere un registro inicial, el cual no necesitarás repetir para transacciones futuras.Pasos para pagar la administración por PSE:Accede al sitio web de la administración: Ingresa a la página de la empresa encargada del recaudo.Selecciona el servicio: Identifica la opción correspondiente a la cuota de administración.Elige PSE como método de pago: Este paso te redirigirá al portal seguro.Selecciona tu banco: Escoge la entidad financiera donde tienes tu cuenta.Autentica la transacción: Proporciona tus credenciales bancarias para autorizar el débito.Confirma el pago: PSE notificará a la empresa y al banco sobre la transacción realizada.¿Qué más necesitas saber?No necesitas descargar una app: PSE está integrado con más de 6,000 empresas en Colombia, facilitando el pago sin necesidad de aplicaciones adicionales.No tiene costos adicionales: Usar este método no genera cargos extra para el usuario.Protección y reversión: En caso de error, puedes solicitar la reversión del pago a través de tu banco.Casos de exoneración de la cuota de administraciónEn Bogotá y otras regiones existen situaciones específicas en las que puedes solicitar la exoneración de esta obligación. Algunas de las circunstancias incluyen:Fuerza mayor: Desastres naturales o problemas graves de salud que imposibiliten el pago.Crisis económica personal: Como desempleo o dificultades financieras.Fallas en los servicios: Deficiencias en la seguridad o mantenimiento del conjunto.No uso de servicios: Si el apartamento ha estado desocupado.Cobros indebidos: Si consideras que los montos son injustos.Recuerda que cada conjunto residencial tiene sus propias normativas, por lo que es fundamental revisar el reglamento y acudir a la asamblea de copropietarios si es necesario.Consecuencias de no pagar la cuota de administraciónIncumplir con este pago puede traer sanciones económicas y sociales, como intereses moratorios y multas de hasta el doble del valor mensual. Además, la mora prolongada podría derivar en acciones legales por parte de la administración.Pagar a través de PSE no solo simplifica este proceso, sino que también te permite mantenerte al día con tus responsabilidades desde cualquier lugar. La digitalización es el futuro, y herramientas como estas son una muestra clara de los beneficios que trae.Mira también: Tres alternativas a las que puedes recurrir para que ICETEX te perdone parte de la deuda
Vivir en un conjunto residencial implica respetar las reglas establecidas por la comunidad, incluso cuando se trata de algo tan cotidiano y emocional como celebrar un gol durante un partido de fútbol. La normativa interna de estos conjuntos tiene como objetivo principal garantizar la tranquilidad y convivencia armónica entre vecinos. En este contexto, sí, un residente puede ser multado si los gritos o escándalos rompen con las normas previamente aprobadas por la junta de copropietarios.El marco jurídico permite que cada conjunto residencial regule estas conductas, siempre y cuando dichas medidas respeten los derechos humanos y no atenten contra la dignidad de las personas. Así, imponer sanciones por hacer ruido excesivo, incluso bajo la emoción de un partido, es una práctica válida si está sustentada en el reglamento interno.Es importante recordar que cada conjunto residencial, en el marco de la propiedad horizontal, tiene la facultad de establecer las multas y sanciones que considere necesarias, siempre dentro de los parámetros legales. Esto incluye la definición de los valores asociados a dichas sanciones. Por ejemplo, La Kalle tuvo acceso exclusivo a información sobre un conjunto residencial que impone multas de hasta un salario mínimo colombiano, el cual está actualmente en $1.300.000.La administración de los conjuntos residenciales tiene como objetivo garantizar la tranquilidad y la buena convivencia entre sus habitantes, ya sean propietarios o arrendatarios. Todos los residentes están sujetos al régimen de propiedad horizontal, lo que implica cumplir de manera estricta con las normas y reglamentos internos. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones, según lo establecido por cada conjunto.Entre las conductas más comunes que suelen ser sancionadas están los escándalos, como fiestas ruidosas o música a alto volumen. Sin embargo, las reglas específicas, las horas permitidas y las multas asociadas varían entre conjuntos. Es crucial destacar que si una sanción o infracción no está contemplada explícitamente en el reglamento de propiedad horizontal, no se puede imponer. Para incluir nuevas sanciones o modificaciones, es necesario convocar una asamblea de copropietarios y lograr la aprobación correspondiente para ajustar el reglamento.Las sanciones en la propiedad horizontal pueden clasificarse en tres tipos principales:Sociales: Advertencias o llamados de atención que buscan corregir conductas inapropiadas.Monetarias: Multas económicas, cuyo valor depende de lo estipulado en el reglamento interno.Restrictivas: Limitaciones en el uso de ciertas áreas comunes o servicios del conjunto.El régimen de propiedad horizontal está diseñado para fomentar la convivencia armónica y garantizar el cumplimiento de las normas. Tanto propietarios como arrendatarios deben estar atentos a las disposiciones internas de sus conjuntos para evitar sanciones y contribuir a un ambiente de respeto y tranquilidad.Mira también: Tres alternativas a las que puedes recurrir para que ICETEX te perdone parte de la deuda
Vivir en un conjunto residencial implica asumir responsabilidades más allá de adquirir un inmueble. Entre estas, destacan la convivencia, el uso adecuado de las zonas comunes y el manejo de recursos compartidos, como los parqueaderos, uno de los temas que más controversia genera entre vecinos. La asignación y uso de estos espacios no solo puede causar malentendidos, sino que, en algunos casos, llega a convertirse en un asunto legal.La Ley 675 de 2001 regula la propiedad horizontal en Colombia, estableciendo las bases para una convivencia armónica en conjuntos residenciales. Este marco normativo también abarca el uso de los parqueaderos y define si es legal arrendarlos o subarrendarlos.De acuerdo con esta ley, cada propietario tiene la libertad de arrendar su espacio de parqueo, incluso a terceros que no residan en el conjunto. Además, puede vender o hipotecar dicho espacio, siempre y cuando no existan problemas legales asociados. Es importante resaltar que las administraciones de los conjuntos residenciales no tienen la potestad de imponer restricciones que limiten estos derechos.Es fundamental que los residentes conozcan sus derechos y deberes en relación con el uso de los parqueaderos. Esto no solo previene conflictos, sino que también contribuye a una mejor convivencia en el conjunto residencial.Los propietarios tienen autonomía sobre el uso de sus espacios asignados, pero deben garantizar que estas prácticas no interfieran con los derechos de los demás ni con las disposiciones urbanísticas locales.Por su parte, el artículo 22 de esta normativa señala que los parqueaderos asignados a los propietarios pueden ser de uso exclusivo y equitativo, siempre que se respete la normatividad urbanística local. No obstante, los espacios de uso público, como los destinados a visitantes, no pueden ser subarrendados ni utilizados para estacionar vehículos adicionales de los residentes.Conflictos comunes por el uso de parqueaderos en conjuntos residencialesEl uso indebido de parqueaderos es una de las principales causas de disputas en conjuntos residenciales. Situaciones como ocupar lugares asignados a otros propietarios o utilizar espacios de visitantes para vehículos adicionales generan malestar y, en ocasiones, enfrentamientos legales.Aunque algunos reglamentos internos permiten que los residentes arrienden parqueaderos privados a otros vecinos, siempre debe prevalecer un acuerdo entre ambas partes. Por otro lado, si bien los parqueaderos de visitantes pueden ser ocupados por propietarios en eventos especiales, su uso está sujeto a las disposiciones del reglamento interno del conjunto.¿Es posible cobrar por el uso de parqueaderos de visitantes?Una duda frecuente es si es legal cobrar por el uso de parqueaderos destinados a visitantes. Según la plataforma Ciencuadras, esta decisión depende del reglamento de cada copropiedad. Aunque no es común en conjuntos residenciales, algunas administraciones optan por implementar tarifas, similar a lo que ocurre en los centros comerciales.Lo que está claro es que estos espacios no deben utilizarse para suplir la falta de parqueaderos entre los residentes.En caso de necesidad, los propietarios pueden arrendar un espacio adicional, siempre bajo las normas establecidas por la ley y los acuerdos internos del conjunto.Mira también: Vigilante frustró robo de una motocicleta en un conjunto residencial
Con el fin de año acercándose, es común que los conjuntos residenciales comiencen a planificar las asambleas de propietarios, reuniones esenciales para tomar decisiones sobre la administración y los servicios del lugar. En algunos casos, estas reuniones se llevan a cabo antes de diciembre, mientras que en otros, las asambleas se programan para principios del nuevo año. Sin embargo, muchos propietarios enfrentan un dilema: ¿cómo evitar asistir a estas reuniones sin ser multados?En las propiedades horizontales, las asambleas de copropietarios son obligatorias por ley. Estas se realizan anualmente y permiten a los residentes discutir asuntos clave como presupuesto, mantenimiento y reglamentos del conjunto. Para algunos, participar es una carga por motivos de tiempo, trabajo o simplemente porque las consideran tediosas y demasiado largas. Además, si las reuniones se celebran en la noche, puede ser aún más complicado asistir cuando hay que madrugar al día siguiente.¿De cuánto es la multa por inasistencia a la asamblea de copropietarios?Muchos conjuntos residenciales han implementado multas para aquellos propietarios que no asisten a las asambleas. Estas sanciones pueden variar según el reglamento interno del edificio o conjunto, y son acordadas por el consejo de administración o incluso en las mismas asambleas. Según información de expertos en la materia, algunas copropiedades establecen que, al no asistir a la asamblea, el propietario debe pagar hasta dos cuotas de administración como sanción. Una vez pagada la multa, se considera que el copropietario está a paz y salvo con la administración.¿Cómo evitar la multa sin asistir a la asamblea?Afortunadamente, existe una alternativa legal que permite a los propietarios evitar ser sancionados sin necesidad de estar presentes en la reunión. La clave está en delegar su participación mediante un poder.¿Qué es un poder? El poder es un documento que otorga a otra persona la capacidad de representar al propietario en la asamblea. Este debe contener:El nombre completo del propietario y de la persona que lo representará.La fecha y el lugar de la asamblea.Las decisiones específicas en las que el representante puede votar o participar.Al presentar este poder ante la administración del conjunto, el propietario cumple con su obligación de participar en la asamblea, aunque no esté presente físicamente. Es importante que este poder se entregue con antelación para evitar cualquier inconveniente.Recomendaciones para quienes no pueden asistirPlanifica con tiempo: Si sabes que no podrás asistir a la asamblea, asegúrate de otorgar el poder a alguien de confianza.Revisa el reglamento de tu conjunto: Algunos conjuntos pueden tener reglas específicas sobre la entrega de poderes o las sanciones por inasistencia.Asiste virtualmente: En algunos conjuntos, se permite la asistencia mediante plataformas digitales, lo que facilita la participación sin necesidad de estar presente.De esta manera, es posible cumplir con las obligaciones como copropietario sin necesidad de sufrir una sanción económica.¿Es más fácil ganar el Chance o el Baloto? Descubre la verdad de estos juegos de azar
En muchos conjuntos residenciales en Colombia, se ha generado una gran polémica sobre si los administradores pueden restringir el acceso a ciertos visitantes, como domiciliarios o trabajadores, a los apartamentos de los residentes. Aunque algunos habitantes desconocen las regulaciones que rigen la propiedad horizontal, expertos legales aclaran la situación que por mucho tiempo ha generado controversia. Los administradores de conjuntos residenciales, bajo el marco de la propiedad horizontal, tienen un conjunto limitado de facultades que deben respetar. Una de las más comunes quejas es sobre la restricción del ingreso de personas externas a los apartamentos, como mencionó la abogada Paola Andrea, quien se ha vuelto viral en TikTok al aclarar las dudas de los usuarios sobre este tema y otros relacionados con propiedad horizontal.¿Qué no pueden restringir los administradores de conjuntos?Los administradores o los consejos de administración no tienen la facultad de restringir el acceso a un apartamento de personas como domiciliarios, trabajadores o visitantes.Las restricciones solo pueden aplicarse a bienes comunes no esenciales, pero de ninguna manera se puede limitar el derecho a la propiedad privada de los residentes.Si un administrador impide el acceso a las zonas comunes esenciales (como pasillos, escaleras o ascensores), estaría violando los derechos de los propietarios.¿Qué hacer si el administrador te niega el ingreso?Si un administrador o consejo de administración sobrepasa sus facultades y restringe el acceso de visitantes o trabajadores a tu apartamento, tienes varias opciones legales para defenderte:Acudir a un inspector de policía: Esta es una vía rápida para obtener protección integral y asegurar el acceso pleno a tu inmueble.Denunciar ante las autoridades competentes: Si las restricciones continúan, los residentes pueden llevar el caso ante las autoridades locales o ante la asamblea general de propietarios.Conocer los derechos como propietario en un conjunto residencial es clave para evitar abusos por parte de los administradores. El desconocimiento de las normativas de la propiedad horizontal ha permitido que algunos administradores excedan sus facultades, afectando la vida diaria de los residentes. Sin embargo, la ley es clara: ningún administrador puede restringir el acceso a tu propiedad privada, salvo en situaciones excepcionales y dentro de un proceso sancionatorio debidamente justificado.Mira también: Leche a desde $2.900 para aliviar el bolsillo
Vivir en un conjunto residencial implica seguir normas específicas que rigen bajo el marco de la propiedad horizontal. A diferencia de quienes viven en casas independientes, los habitantes de conjuntos residenciales deben ajustarse a reglamentos que buscan garantizar la convivencia y el bienestar común. Es crucial conocer las sanciones que podrían imponerse por incumplir dichas normas.Las sanciones dentro de los conjuntos residenciales deben estar claramente estipuladas en el Reglamento de Propiedad Horizontal. Según la abogada Nora Pabón Gómez, cualquier penalización impuesta por la Asamblea de Propietarios debe estar detallada previamente en este documento, el cual establece las reglas y las sanciones correspondientes.Aspectos clave sobre las sanciones en conjuntos residencialesLas sanciones deben estar especificadas en el Reglamento de Propiedad Horizontal.Las multas por incumplir el Manual de Convivencia solo son válidas si están protocolizadas en el reglamento. Esto significa que las mismas hayan sido formalmente incluidas en el Reglamento de Propiedad Horizontal, siguiendo un proceso legal y oficial. Esto implica que las sanciones no solo están mencionadas de manera informal, sino que han sido registradas y aprobadas conforme a los procedimientos establecidos por la ley y la asamblea de propietarios.La duración de las sanciones debe ser razonable.Es fundamental tener en cuenta lo mencionado en el segundo ítem ya que este proceso podría cambiar las reglas de juego si la multa señalada no se encuentra protocolizada en el reglamento.¿Cuáles son las funciones de los consejos de administración en conjuntos cerrados?Una de las dudas frecuentes en los conjuntos residenciales es si los miembros del Consejo de Administración pueden cobrar por servicios adicionales, como asesorías jurídicas. A través de su blog en el periódico El Tiempo, la abogada aclara que cualquier miembro de la comunidad puede prestar servicios jurídicos, siempre y cuando no se presente un conflicto de interés, como que el mismo Consejo lo contrate.Otro aspecto relevante es la correcta constitución del Consejo de Administración. Este debe estar compuesto por un número impar de miembros, lo que garantiza decisiones equilibradas en las votaciones. Además, se debe aclarar la figura de principales y suplentes en estas reuniones para evitar situaciones irregulares.Diferencias entre Junta Administradora y Consejo de AdministraciónEn los conjuntos residenciales, los términos "Junta Administradora" y "Consejo de Administración" pueden generar confusión. En realidad, estos dos órganos cumplen funciones similares pero se aplican en contextos diferentes. El Consejo de Administración es uno de los órganos de dirección y administración de la persona jurídica en propiedades regidas por la Ley 675 de 2001, mientras que la Junta Administradora suele estar presente en unidades inmobiliarias cerradas y parcelaciones.¿Es correcto manejar toda la información del conjunto por grupo de WhatsApp?El uso de grupos de WhatsApp por parte de los órganos de administración en los conjuntos ha generado opiniones encontradas. Algunos residentes de conjuntos consideran que estos canales deberían ser solo informativos, mientras que otros sugieren establecer reglas claras para respetar la privacidad y los derechos de los habitantes.Ante esta situación se aclara que las comunicaciones deben hacerse de manera oficial, por escrito, de carácter físico es el canal más apropiado para hacerlo, aunque el correo electrónico también es válido.Recomendaciones para los residentesEs fundamental que los habitantes de conjuntos residenciales:Lean detenidamente el Reglamento de Propiedad Horizontal.Conozcan sus derechos y obligaciones como propietarios.Estén atentos a las decisiones de la Asamblea de Propietarios y el Consejo de Administración.Continúa viendo: En La Kalle te explicamos qué es la prima de servicios
