En una operación que ha dejado al país estupefacto, la Fiscalía General de la Nación ha desmantelado una banda criminal responsable de actos de agresiones inimaginables en Medellín.
El grupo compuesto por cuatro individuos ha sido acusado de someter a mujeres a un tormento sistemático y despiadado, que ha sido descrito como una forma extrema de odio misógino.
SEMANA dio a conocer los detalles de la investigación que adelantó un fiscal, los testimonios de las víctimas revelan la magnitud del sufrimiento infligido por los capturados.
Las mujeres, a quienes se engañaba para que asistieran a encuentros aparentemente inocuos en hoteles y apartamentos de lujo, eran luego secuestradas y sometidas a torturas extremas.
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Los relatos incluyen descripciones de quemaduras con planchas para el cabello, puñaladas en los senos y mutilaciones diversas.
Uno de los testimonios más perturbadores proviene de una víctima que fue obligada a soportar quemaduras severas en los genitales y los ojos, mientras que otra sobreviviente fue rociada con parafina hirviendo en la espalda.
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La brutalidad de estos actos no solo se limita a la tortura física, sino que también incluye un sofisticado sistema de control y miedo para evitar la denuncia, como el uso de trapos para inmovilizar a las víctimas y amenazas de incendio.
La investigación, llevada a cabo por un fiscal en Medellín, ha revelado que estos delincuentes operaban bajo el disfraz de servicios de acompañantes o masajistas, para luego secuestrar a sus víctimas en apartamentos alquilados en zonas exclusivas como El Poblado y Laureles.
Allí las víctimas eran sometidas a una serie de agresiones diseñadas para extraer información y bienes, mientras se tomaban medidas para minimizar el riesgo de detección por parte de los vecinos.
Los capturados fueron identificados como Miguel Ángel Botero Mosquera, María Paula Sierra Alba, William Samuel Suárez Rubiano y David Alonso García Restrepo.
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Todos enfrentan cargos por hurto, concierto para delinquir, secuestro extorsivo y tortura. La Fiscalía ha detallado que los miembros del grupo habrían acumulado más de $80 millones a través de estos delitos, con las víctimas indicando claramente a los imputados como los responsables de sus sufrimientos.
La investigación continúa, y los responsables enfrentan un proceso judicial que determinará sus condenas, mientras el país observa con atención la resolución de este horrendo caso.
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