Los asesinatos en los primeros días de 2022 tuvieron lugar en diferentes zonas de los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, en el oeste de Arauca, que históricamente ha sido fortín del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y donde tras la firma de la paz con las FARC empezó a disputarles el territorio una disidencia de ese grupo.
Según Villate, han desaparecido unas 50 personas mientras que más de 3.000 habitantes de los cuatro municipios están "confinadas, escondidas en sus fincas, en sus viviendas" porque los grupos armados ilegales no les permiten salir a otros lugares en busca de protección.
Arauca es un departamento petrolero y agropecuario donde hace décadas se hizo fuerte el Frente de Guerra Oriental del ELN, el más poderoso de esa guerrilla, fuerza ahora desafiada por el Frente 10 de las disidencias, que ocupó espacios dejados por las antiguas FARC y que se financia principalmente con extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.
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"El centro del conflicto es el territorio, tanto las FARC como el ELN llevan mucho tiempo ahí. Ambos llevan cuatro décadas en ese territorio, lo conocen, y desafortunadamente las FARC han vuelto a tener una dinámica en el territorio", dijo a Efe Luis Eduardo Celis, analista del conflicto armado y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Según Celis, "las disidencias de las FARC se han venido reacomodando, creciendo en los últimos dos años, incursionando en territorios de presencia del ELN, extorsionando, secuestrando, promoviendo la coca".
El Gobierno colombiano denuncia constantemente que los miembros de ambos grupos ilegales se refugian del otro lado del río Arauca, que marca la frontera con el estado venezolano de Apure.
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