Indígenas habrían usado a niños en enfrentamientos con la Policía; Gobierno se pronunció

Este 29 de abril de 2026 en el centro de Bogotá se presentó una indignación en redes sociales, tras revelarse videos que muestran un presunto uso de menores de edad durante enfrentamientos entre la comunidad indígena y la fuerza pública, situación que inició como una manifestación terminó con varias denuncias penales.

A lo largo de un video grabado desde los pisos superiores del Ministerio del Interior, se puede ver cómo algunos indígenas pertenecientes a la comunidad Emberá Katío, sostenían a menores de las manos o los arrastraban para interponerlos entre ellos y los agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

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Ante esta situación, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, calificó estos hechos como una de las peores formas de utilización de un menor y confirmó que se radicó una denuncia penal, subrayando que este acto constituye un delito.

¿Qué pasó con la protesta entre indígenas y las autoridades?

Por otro lado, se conoció que la protesta, protagonizada por indígenas asentados en la UPI La Florida, escaló cuando cerca de 100 manifestantes bloquearon los accesos al Ministerio del Interior, impidiendo la salida de aproximadamente 1.200 funcionarios de diversas entidades, como Bancolombia e Icetex.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a esta situación como un "secuestro" de los trabajadores que permanecieron retenidos por más de ocho horas. De igual forma, se conoció que estas negociaciones se rompieron el 28 de abril cuando la comunidad cambió sus exigencias de retorno territorial por una demanda de traslado a un nuevo albergue.

Por medio de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció manifestando un rechazo total a las tácticas utilizadas por los manifestantes. El mandatario fue enfático al declarar: “Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad”.

De igual forma, Petro respaldó las acciones legales iniciadas por el ICBF para identificar a los adultos responsables de exponer a los menores a gases lacrimógenos y bombas aturdidoras en medio de la confrontación y afirmó que desde el Gobierno Nacional se respeta el derecho a la protesta, pero la protección de la niñez es una línea roja que no debe cruzarse.

Actualmente, las autoridades y comisarías de familia trabajan en la individualización de los responsables, mientras se mantiene el llamado al diálogo para resolver el conflicto de la comunidad Emberá sin poner en riesgo la integridad de la población vulnerable.