El pasado 9 de abril de 2026, Barrancabermeja, Santander, se vio conmocionada por la muerte de Karely Merlano, una profesional en instrumentación quirúrgica de 47 años. El caso habría sido cometido por cuatro adolescentes bajo su custodia, y el programa Séptimo Día reveló nuevos detalles del caso.
Karely Merlano desempeñaba su labor en un hogar de paso gestionado por la Fundación Revivir. Según investigaciones y testimonios de sus familiares para el citado programa, la víctima no contaba con las garantías mínimas de seguridad a pesar de haber alertado sobre el comportamiento agresivo de los internos.
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Al punto que ella había denunciado constantes insultos, desafíos a su autoridad y amenazas directas contra su integridad física. Su hijo, Ronnie García, reveló un incidente ocurrido apenas una semana antes del homicidio.
En esa ocasión, Merlano debió ser hospitalizada tras ingerir agua en la que, presuntamente, los adolescentes habían vertido una sustancia desconocida. Pese a esto, los familiares denuncian que no se implementaron medidas correctivas ni se reforzó el esquema de protección de la trabajadora.
¿Cómo ocurrió la muerte de Karely Merlano?
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La noche de lo ocurrido, Karely se encontraba sola custodiando a cinco jóvenes con perfiles de alta complejidad, uno de los cuales presuntamente ya había estado involucrado en un homicidio anterior. Vecinos del sector informaron haber escuchado ruidos y gritos procedentes del establecimiento.
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Al acudir al llamado, la Policía de Infancia y Adolescencia halló a la mujer sin signos vitales. Informes preliminares indican que los menores habrían asfixiado a la cuidadora antes de emprender la huida del lugar.
Esta situación fue criticada por figuras políticas locales, como la concejal Tania Mogollón, calificó el hecho como una "muerte evitable" si se hubieran brindado las garantías laborales necesarias.
Lo ocurrido con Karely Merlano reactivó la controversia sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en Colombia. Por otro lado, en el Congreso, sectores liderados por el representante Óscar Villamizar proponen endurecer las penas, sugiriendo que los menores de 14 años que cometan delitos graves contra la vida sean tratados como adultos.
La representante Erika Tatiana Sánchez argumenta que el enfoque debe centrarse en la reconstrucción del tejido social y el entorno familiar, más que en el aumento de las penas.
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Mientras el proceso judicial avanza, la familia de Karely Merlano continúa exigiendo justicia y una reforma estructural que garantice que ningún otro funcionario deba enfrentar situaciones de riesgo extremo sin protección institucional.
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