Se siguen conociendo detalles del crimen del pequeño Gabriel Esteban, de 5 años de edad, a manos de su propio padre, Gabriel González, en un hotel de Melgar. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación presentó un informe en el que detalló las posibles falencias por parte de las autoridades frente al caso.
El pequeño, quien murió según Medicina Legal por una asfixia mecánica provocada por un tercero, también habría recibido maltrato por parte de su madre Consuelo Rodríguez.
Así lo determinó el Ministerio público, agregando que el niño también habría sido expuesto al abandono y al descuido por parte de sus dos progenitores. Por otro lado, menciona la retención del niño por parte del padre y su negativa a devolvérselo a la madre cuando se terminaba el horario de las visitas.
La Procuraduría además hace énfasis en que se pudo prever el comportamiento agresivo o criminal de González, quien finalmente terminó aceptando ser el asesino de su propio hijo y quien " type="text/html" data-cms-ai="0">crudamente confesó "no sentir nada" con su muerte.
“Se debió explorar la dinámica familiar y la existencia de otras actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos en favor del núcleo familiar y las eventuales afectaciones por los hechos de violencia psicológica referida por la víctima, que permitieran prever un comportamiento violento, agresivo o criminal del padre hacia su hijo o si este había iniciado un proceso de instrumentalización del niño, para afectar a la progenitora”, puntualiza.
A su vez, en la Defensoría de Usme quedó la evidencia sobre un total de ocho (8) llamadas, para los días 16, 25 y 31 de julio; 6, 20, 27, 28 de agosto y 10 de septiembre, donde la trabajadora social reitera que eran preocupantes.
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“Según la información verbal dada por el funcionario de la Comisaría, Libardo Parra Afanador, en varias ocasiones la progenitora Consuelo Rodríguez Salguero, donde manifestaba que la violencia era contra ella por haber terminado la relación con su excompañero y tener una nueva relación”, detalla.
Al respecto, Clara Esperanza Torres Acosta, la trabajadora social del Equipo de la defensoría de familia, en un informe manifestó que “por tratarse de un caso de presunto "acoso y hostigamiento" en el que la señora Consuelo Rodríguez, podría estar en un alto riesgo, y le recomendaba al Defensor de Familia, dar continuidad al proceso a para que se continúe con la atención que se le venía prestando”.
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La conclusión del Ministerio determinó que el pequeño de 5 años de edad no debía estar bajo la custodia de sus progenitores y que, al parecer, no se tomaron a tiempo las medidas de restablecimiento de derechos al niño y puesto en conocimiento de la Comisaría de Familia, acciones que, seguramente, habrían evitado la muerte del menor.
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