El fallecimiento del estudiante Jaime Esteban Moreno Murillo, de 20 años, de la Universidad de Los Andes, dio un giro cuando Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, se rehusó categóricamente a aceptar los cargos presentados por la Fiscalía General de la Nación.
Durante la audiencia de imputación realizada ante un juez de control de garantías, la Fiscalía formalizó la acusación contra Suárez por el delito de homicidio doloso agravado.
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La gravedad del delito imputado es tal que, de ser hallado culpable, Suárez Ortiz enfrenta una pena privativa de la libertad que oscila entre los 480 y 600 meses de prisión, lo que equivale a 40 y 50 años de cárcel.
La fiscalía había dejado claro al procesado que, al allanarse a los cargos en esa etapa del proceso judicial, podría acceder a una significativa rebaja de hasta el 50% de la pena. Sin embargo, tras la explicación de la Fiscalía, Suárez se mantuvo firme en su negativa, decidiendo que "deberá surtir un juicio en su contra".
La audiencia, que se llevó a cabo el 5 de noviembre, se centró en la imputación formal del delito, contemplado en los artículos 103 y 104 del Código Penal colombiano.
La delegada de la Fiscalía modificó la imputación a lo largo del proceso, pero sostuvo la circunstancia específica de haber colocado a la víctima en un estado de indefensión. Según la explicación, Moreno fue atacado y sorprendido por varios individuos con una fuerza desproporcionada, lo que lo dejó sin ninguna posibilidad de defenderse.
No obstante, la fiscal, identificada como Heidy Milena Ruiz, aclaró que se eliminarían inicialmente las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el artículo 58 del Código Penal, argumentando que estas podrían ser evaluadas en fases posteriores.
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Esta decisión de la Fiscalía no solo generó el rechazo del acusado, sino también la inconformidad del abogado representante de las víctimas, quien argumentó que la eliminación de la coparticipación criminal (numeral 10 del artículo 58) iba en detrimento de los intereses de la familia.
El abogado de las víctimas señaló que los hechos descritos por la propia Fiscalía indicaban la participación de al menos dos agresores actuando conjuntamente, justificando la permanencia de la agravante por coautoría y mayor severidad punitiva.
Por su parte, la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, cuyo rechazo a los cargos ahora marca el futuro del proceso, sumó su propia solicitud.
El defensor señaló que existían "inconsistencias" e "imprecisiones" en la imputación, refiriéndose específicamente a las circunstancias de agravación invocadas por la Fiscalía.
El defensor solicitó al juez que el ente investigador realizara un recuento más completo y preciso de los hechos jurídicamente relevantes que justificaran concretamente las circunstancias de agravación y mayor punibilidad invocadas.
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