La nueva propuesta formulada por el Ministerio de Hacienda bajo el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella puso a discusión pública un borrador de decreto que busca modificar el mecanismo de cobertura que utilizan las empresas aseguradoras para respaldar el pago de las pensiones equivalentes a un salario mínimo.
Esta iniciativa busca revisar cómo se asume el costo adicional que enfrentan las compañías de seguros cuando el salario mínimo se incrementa por encima de la tasa de inflación anual.
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No obstante, debes tener muy claro que el texto se encuentra en etapa de recepción de comentarios públicos —período fijado entre el 16 y el 31 de octubre de 2026—, por lo que no constituye una norma definitiva ni genera un ajuste inmediato en el dinero que reciben los pensionados.
¿En qué consiste la propuesta sobre pensiones del Gobierno De La Espriella y cómo funcionaría el respaldo?
El proyecto publicado por el Ministerio de Hacienda se enfoca en reglamentar las llamadas rentas vitalicias, una modalidad pensional en la que una compañía aseguradora se compromete a pagar una mesada mensual durante toda la vida de la persona pensionada.
Como las mesadas equivalentes a un salario mínimo pueden ajustarse en proporciones superiores al crecimiento de la inflación, el mecanismo busca cubrir el riesgo de que las aseguradoras requieran recursos adicionales para cumplir con sus obligaciones futuras.
En este sentido, uno de los puntos centrales de la propuesta es modificar la fórmula matemática utilizada para calcular dicho respaldo financiero.
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La iniciativa del Gobierno plantea volver a un parámetro basado en el crecimiento real de la productividad de los últimos diez años, dejando por fuera el componente ligado a la inflación que se había incorporado en la regulación del Decreto 1485 de 2025.
De acuerdo con la memoria justificativa del documento técnico, esta modificación persigue reducir la cantidad de capital que las aseguradoras están obligadas a reservar para respaldar estas pensiones.
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Con esta medida, el Gobierno busca facilitar las condiciones financieras para que las empresas de seguros puedan ofrecer rentas vitalicias.
En la argumentación oficial se indica que los cambios introducidos en 2025 pudieron estar relacionados con una menor emisión de este tipo de productos, aunque el propio Ministerio aclara que se trata de una posibilidad y no de una causa comprobada.
Además, el texto pone sobre la mesa dos alternativas a través de las cuales el Estado asumiría un rol directo en el respaldo de los pagos:
- Pago único: un desembolso directo orientado a completar las reservas necesarias de las aseguradoras para responder por las mesadas.
- Pagos anuales y reservas estatales: la realización de pagos anuales por las diferencias en las mesadas, junto con la creación o actualización de una reserva a cargo del Estado.
Bajo cualquiera de los dos escenarios, la administración de estos recursos quedaría bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, entidad que debería guiarse por principios de sostenibilidad y eficiencia.
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Para acceder a este respaldo, las aseguradoras tendrían que presentar una solicitud ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, adjuntando el contrato de renta vitalicia y la proyección de las mesadas. Si la documentación presenta errores o está incompleta, la solicitud podría ser rechazada para su posterior corrección.
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¿Cómo impactará esta norma a los pensionados de salario mínimo en Colombia y cuáles son sus cifras fiscales?
Una de las principales dudas que te pueden surgir es si tu mesada o la de algún familiar cambiaría si se aprueba este proyecto.
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La propuesta señala de manera explícita que se mantendrán y preservarán los derechos adquiridos para quienes ya disfrutan de una renta vitalicia, de modo que recibirán el pago de la mesada tal como fue pactado.
De igual forma, las pensiones equivalentes a un salario mínimo mantendrán su ajuste anual en la misma proporción en que se incremente dicho salario.
Las autoridades también aclaran que la iniciativa no permite afirmar que las mesadas vayan a reducirse ni autoriza un beneficio automático inmediato para todos los colombianos que se pensionen con un salario mínimo.
Lo que contempla el borrador son reglas de transición para revisar contratos celebrados bajo el esquema previo, un proceso que dependerá de los términos que se aprueben en el decreto final.
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En el frente económico, la memoria justificativa incluye análisis técnicos sobre los posibles efectos financieros de la medida. Según estos cálculos preliminares:
- Se estima un beneficio potencial de $4,1 billones (en pesos de 2025) para las rentas analizadas al mantener el parámetro utilizado antes de la regulación de 2025.
- Se calcula un costo fiscal directo adicional de $0,68 billones entre 2016 y 2025 en comparación con el escenario del Decreto 1485 de 2025.
El Ministerio de Hacienda enfatiza que estas cifras representan estimaciones desarrolladas sobre escenarios hipotéticos.
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No significan que el Estado ya haya ahorrado dinero ni que vaya a recibir ese capital, sino que funcionan como modelos para evaluar el impacto en el sistema pensional, la sostenibilidad de las aseguradoras y la protección de los jubilados mientras concluye el trámite de comentarios.