El Ejército señaló este domingo que fue hostigado por presuntos miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, en Timba, un pueblo que hace parte del departamento del Cauca, de donde luego los militares fueron expulsados por la comunidad.
El Comando Específico del Cauca, que hace parte de la Tercera División de esa institución, detalló en un comunicado que tropas del Ejército y la Policía llegaron a Timba, en el municipio de Buenos Aires, por información "sobre hechos delictivos que se han venido presentando en la zona".
"Mientras verificaban datos de los transeúntes, en cumplimiento de su misión, son atacados inicialmente por tres sujetos que se movilizaban en una camioneta", agregó la información.
Esas personas huyeron y en la camioneta las autoridades encontraron "material de guerra", tras lo cual fueron hostigadas por presuntos miembros del frente Jaime Martínez, del EMC, ante lo cual respondieron los uniformados.
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Luego del hostigamiento, la comunidad de Timba, "al parecer instrumentalizada" por el frente Jaime Martínez, "confrontó airadamente a la Fuerza Pública para que abandonara esta zona que es de importancia para este grupo armado", afirmó la institución.
"El Ejército Nacional rechaza estos actos que son un grave impedimento al cumplimiento de la misión constitucional. De igual forma impondrá las denuncias ante las autoridades competentes frente a este hecho", señaló.
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Negociaciones de paz
El 15 de noviembre, tras dos semanas de suspensión en el diálogo luego de que el EMC se levantara de la mesa acusando al Gobierno de supuestos "incumplimientos" a lo pactado, el Gobierno anunció que se reanudarían las conversaciones.
El EMC decidió el 5 de noviembre suspender la mesa de diálogos, instalada apenas 21 días antes y que incluía un cese al fuego bilateral, para iniciar "un proceso de consulta interna con nuestra comisión de diálogo".
El diálogo ha estado marcado por los desencuentros entre las delegaciones y las tensiones se han ido incrementando con el paso de los meses.
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Este año arrancó con un cese el fuego de seis meses que fue suspendido unilateralmente por el Gobierno en cuatro departamentos, después del asesinato por parte de la guerrilla de cuatro menores indígenas que habían sido previamente reclutados.
La instalación de la mesa se dio en un tercer intento. El primero en mayo se frustró, así como un segundo en Tibú, en la región del Catatumbo, donde ambas delegaciones convocaron a miles de campesinos, prensa y organismos internacionales para, finalmente, no ponerse de acuerdo, y volverlo a aplazar una semana, hasta que lo lograron y decretaron un cese el fuego vigente hasta el 17 de enero.
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