En Colombia, la cuota alimentaria es una obligación legal impuesta a los padrespara garantizar el bienestar de sus hijos, y no se trata de un valor fijo e inmodificable.
De acuerdo con la legislación colombiana, este monto debe actualizarse cada año con base en el incremento del costo de vida, generalmente calculado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el DANE.
Sin embargo, muchos padres continúan pagando el mismo valor durante años, lo que no solo perjudica a los menores, sino que podría constituir un delito penal.
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El abogado Jimmy Jiménez, especialista en derecho de familia y con más de 420,000 seguidores en TikTok, ha generado gran atención en redes sociales al explicar de manera clara este tema.
Según Jiménez, “año tras año, el padre o madre obligado a pagar cuota alimentaria debe hacer el aumento correspondiente. No es opcional ni voluntario, es una exigencia legal”.
Jiménez ha identificado múltiples casos en los que, por ejemplo, un padre comenzó a pagar $200.000 mensuales hace una década y nunca aumentó esa cifra. La madre, al no exigir el ajuste, siguió recibiendo el mismo monto durante todos esos años.
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Sin embargo, esta práctica no solo es incorrecta, sino que puede llevar a consecuencias legales importantes. “Ese padre está incurriendo en el delito de inasistencia alimentaria”, advierte el abogado. “Tiene una deuda acumulada con su hijo, que incluye todos los incrementos no realizados durante cada uno de esos años”.
Este incumplimiento no solo representa una falta moral, sino que tiene implicaciones judiciales. Las madres o padres que reciben la cuota pueden iniciar un proceso legal conocido como proceso ejecutivo de alimentos.
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Mediante este proceso es posible exigir judicialmente los montos atrasados, e incluso se pueden cobrar intereses sobre las sumas no ajustadas. De ser necesario, se pueden aplicar medidas como el embargo de bienes o del salario del deudor.
Jiménez enfatiza que la ley es clara: el aumento de la cuota alimentaria no está sujeto a la voluntad del progenitor que la paga, sino que es un deber impuesto por la ley debido al incremento natural de los gastos de crianza.
No se trata de que el papá quiera o no quiera aumentar la cuota, se trata de que debe hacerlo. Y si no lo hace, se expone a sanciones judiciales.
En este contexto, es fundamental que los cuidadores principales estén atentos y hagan valer sus derechos y los de sus hijos. Así mismo, es importante saber que no hay un plazo de prescripción inmediato para reclamar estos montos no pagados, por lo que es posible exigirlos incluso años después, siempre y cuando se demuestre la omisión.
En resumidas cuentas, no ajustar anualmente la cuota alimentaria puede acarrear graves consecuencias legales para el padre o madre incumplido. Más allá del deber legal, se trata de una responsabilidad con el bienestar, la salud y el desarrollo de los hijos, quienes merecen recibir un apoyo económico acorde al crecimiento de sus necesidades
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