La figura pública Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como Epa Colombia, ha estado en el ojo del huracán judicial durante un tiempo considerable.
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Su caso, que culminó con una sentencia condenatoria en firme, continua generando controversia, no solo por el delito en sí, sino por la sucesión de solicitudes denegadas y complicaciones legales que ha enfrentado desde entonces.
Según la abogada penalista Diana Muñoz Castellanos, quien compartió su análisis en el programa Klub de La Kalle, las vicisitudes actuales de Epa Colombia son la consecuencia directa de "muchas malas asesorías que ella ha tenido desde el día 1".
La especialista subraya que, a pesar de contar con recursos económicos, "tener plata no significa estar bien asesorado". De hecho, la situación inicial de Epa Colombia, según la abogada, se vio agravada porque terminó aceptando "unos delitos mucho más grandes de los que tenía que haber sido realmente judicializada".
Esto significa que, en lugar de una batalla probatoria prolongada, hubo una aceptación de cargos que selló su destino judicial, resultando en una sentencia condenatoria ya inamovible.
Una vez que la sentencia es firme, el foco judicial se traslada a la fase de administración y vigilancia de la pena. Y es precisamente en esta etapa donde la influenciadora ha experimentado una serie de infortunios.
Las solicitudes presentadas por sus abogados, como la realización de labores sociales o un controversial traslado a una guarnición militar, han sido "despachadas desfavorablemente" una tras otra.
Lo que para el público puede parecer un "revés" en el proceso de Epa Colombia, para los abogados es parte de la dinámica de buscar todas las posibilidades para el bienestar de su cliente. Sin embargo, la abogada Muñoz Castellanos advierte sobre la "temeridad" de algunas solicitudes.
Una petición es considerada "temeraria" cuando se realiza sin fundamentos jurídicos sólidos o sin una justificación clara, sabiendo de antemano que no se tiene derecho a lo solicitado.
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Este tipo de acciones pueden acarrear consecuencias disciplinarias para los abogados, y en el caso de Epa Colombia, se ha especulado con que algunas de estas solicitudes podrían haber provocado una investigación disciplinaria contra sus defensores.
Es crucial aclarar que, si se inicia una investigación disciplinaria por estas "solicitudes temerarias", esta sería contra los abogados, no contra Epa Colombia. Ella, al no ser abogada, no tiene el conocimiento para discernir qué peticiones son válidas o no.
Además, la existencia de una investigación contra sus abogados no afecta su proceso judicial principal ni su derecho a mantener a los defensores de su elección. "Nos pasa todo el tiempo," comentó la abogada, refiriéndose a cómo los defensores son a menudo objeto de amenazas de investigaciones, pues "pareciera que ejercer la defensa es mal visto".
En esencia, los recientes acontecimientos en el caso de Epa Colombia, incluyendo los rechazos a sus solicitudes de beneficios post-condena y las posibles investigaciones a sus abogados, son el reflejo de estrategias jurídicas que no han fructificado.
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