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En una ciclorruta del norte de Bogotá, una bicicleta eléctrica es detenida por las autoridades. A simple vista parece una bici común, pero su potencia la convierte en un vehículo que no está autorizado para circular por estos corredores exclusivos.
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No tiene pedales, ni cadena, y puede alcanzar velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora. Para la Secretaría Distrital de Movilidad, no se trata de una bicicleta, sino de una moto eléctrica.
Por eso, su circulación en cicloinfraestructura está prohibida, y puede acarrear una multa que supera los 600 mil pesos, además de la inmovilización del vehículo.
Este tipo de controles se han vuelto más frecuentes, justo en medio del debate que ha encendido la propuesta del Proyecto de Ley 111 de 2023 del Senado y 219 de 2024 de la Cámara, una iniciativa liderada por el senador Julio Elías Vidal que permitiría legalmente la circulación de ciclomotores y motos eléctricas por las ciclorrutas del país.
Aunque el proyecto ya fue aprobado por el Congreso y solo espera la firma del presidente Gustavo Petro, en Bogotá su posible entrada en vigor ha generado rechazo.
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Desde el Concejo de la ciudad y la Secretaría de Movilidad se han encendido las alarmas por lo que consideran una amenaza para la seguridad de los ciclistas y peatones que usan a diario estos corredores exclusivos.
“Esta moto eléctrica está absolutamente prohibida en la cicloinfraestructura. Estamos haciendo controles permanentes y quienes incumplan pueden ser sancionados con comparendos e inmovilización”, aseguró un vocero de la Subsecretaría de Movilidad.
Las bicicletas convencionales, incluso cuando van a toda velocidad, difícilmente superan los 20 km/h. En cambio, las eléctricas —y en especial las que no tienen pedaleo asistido— pueden alcanzar los 50 km/h, lo que las convierte en un riesgo para los usuarios más vulnerables de las ciclorrutas: niños, adultos mayores y ciclistas recreativos.
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Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad anunció recientemente la instalación de nueva señalización que prohíbe explícitamente el ingreso de ciclomotores, tricimotores y motos eléctricas a la cicloinfraestructura de la capital.
La secretaria Claudia Díaz explicó que el objetivo es reforzar el respeto por estos espacios exclusivos:
“Hoy instalamos nueva señalización con la que reforzamos el llamado a los conductores de ciclomotores, tricimotores y motos a respetar la cicloinfraestructura y así evitar poner en riesgo a las y los ciclistas”, declaró Díaz.
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Además, se evalúan propuestas desde el Concejo como exigir SOAT obligatorio y licencia de conducción para los conductores de estos vehículos, dado su creciente uso y el aumento de incidentes relacionados con ellos.
De firmarse la ley, la normativa actual cambiaría radicalmente. Lo que hoy representa una infracción de tránsito podría convertirse en una práctica legal, lo cual inquieta a muchos sectores de la ciudad.
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Algunos concejales de la “bancada de la bici” han solicitado públicamente al presidente no sancionar el proyecto, advirtiendo que el cambio abriría la puerta a una mayor accidentalidad en las ciclorrutas.
Por ahora, el futuro de esta medida está en manos del Ejecutivo. Mientras tanto, en las calles de Bogotá el conflicto sigue sobre ruedas. Las autoridades continúan con los controles, los ciclistas exigen seguridad y las motos eléctricas siguen desafiando las normas de tránsito... al menos, hasta que la ley diga lo contrario.
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