El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, conocido como SOAT, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública luego de un anuncio del presidente Gustavo Petro que despierta interés y genera múltiples reacciones.
La propuesta surge en un contexto marcado por debates sobre movilidad, recaudo y equidad, asuntos que influyen de forma directa en la vida diaria de millones de conductores en el país.
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El SOAT cumple un papel fundamental dentro del sistema de tránsito colombiano, pues el seguro garantiza la atención médica inmediata a las víctimas de accidentes de tránsito, sin importar el tipo de vehículo involucrado ni la responsabilidad del siniestro.
Su existencia permite que hospitales y clínicas atiendan a los heridos sin limitaciones económicas iniciales, lo que reduce riesgos y salva vidas.
¿Cómo se cobraría el SOAT si se convierte en impuesto en Colombia?
El presidente Petro planteó la posibilidad de que el SOAT deje de funcionar como un seguro tradicional y pase a tratarse como un impuesto de carácter obligatorio. Bajo esta idea, el recaudo estaría en manos del Estado y no de las aseguradoras privadas, como ocurre actualmente.
Uno de los puntos que más llama la atención es lo que definirá el valor a pagar. Según lo expuesto, el cobro se basaría principalmente en el cilindraje del vehículo.
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Esto implicaría que automotores con motores pequeños tendrían una tarifa menor, mientras que vehículos con mayor capacidad enfrentarían un pago más alto.
Lo que se busca con esto, de acuerdo con el discurso oficial, es un sistema más equitativo y con mayor control sobre los recursos, relacionado con la intención de garantizar que todas las víctimas de accidentes reciban atención, incluso en escenarios donde muchos conductores circulan sin el seguro vigente.
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Por qué la iniciativa genera reacciones
La idea despierta debate porque cambiar la naturaleza del SOAT tendría efectos en varios aspectos. Expertos en economía señalan que transformar un seguro en un impuesto requeriría ajustes legales profundos y una reforma al marco normativo vigente. Además, se necesitaría definir cómo se manejarían los recursos y quién respondería por la cobertura en caso de accidentes.
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Por otro lado, desde el sector asegurador surgen inquietudes sobre el impacto que una medida así podría tener en el mercado y en la sostenibilidad del sistema. Puesto que para las compañías, el SOAT no solo cumple una función social, también forma parte de un esquema financiero con reglas claras.
Los conductores, por su parte, expresan dudas sobre el costo final. Algunos esperan que el cambio reduzca el valor a pagar, especialmente en el caso de motos y vehículos de bajo cilindraje. Otros temen que el nuevo modelo termine representando un gasto mayor para ciertos propietarios.
Hasta el momento, la propuesta no cuenta con un proyecto de ley ni con detalles técnicos concretos. No se conocen los mecanismos de recaudo, la entidad encargada de administrar los recursos ni la forma en que se mantendría la cobertura actual para las víctimas de accidentes.
Mientras el Gobierno avanza en la discusión, el futuro del SOAT se perfila como uno de los temas económicos y de movilidad más relevantes del país. El debate seguirá abierto y su resultado podría marcar un cambio importante para conductores, autoridades y el sistema de tránsito en Colombia.
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