La pelea entre Daddy Yankee y Mireddys González continúa sumando episodios en los tribunales. Esta vez, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dejó en firme una decisión que favorece a la empresaria dentro del proceso por la división de bienes que ambos construyeron durante casi 30 años de matrimonio.
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Con esta determinación, el artista no logró revertir las decisiones emitidas previamente por otras instancias judiciales. El caso se ha convertido en uno de los más comentados dentro del entretenimiento latino desde que se confirmó la separación de la pareja a finales de 2024.
La decisión representa una victoria parcial para Mireddys, quien busca una compensación provisional mientras avanza la liquidación definitiva del patrimonio acumulado durante casi tres décadas de relación.
Según los documentos relacionados con el proceso, la fortuna que hoy está en disputa estaría valorada en cerca de 500 millones de dólares. Estos recursos provendrían de la carrera musical del artista, inversiones, acuerdos comerciales y la administración de varias empresas.
¿Cuál fue la decisión del Tribunal Supremo en el caso de divorcio de Daddy Yankee?
El más reciente pronunciamiento ocurrió el 16 de junio de 2026, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico intervino en el caso relacionado con la liquidación del patrimonio.
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La decisión mantuvo vigentes los fallos emitidos por tribunales inferiores y respaldó el reclamo presentado por González, quien solicitó una compensación provisional mientras continúa el proceso de división de bienes.
Entre las solicitudes realizadas por la expareja del cantante se encuentran una asignación económica mensual y un pago de 5 millones de dólares mientras se resuelven los demás litigios relacionados con el patrimonio familiar.
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Además, el alto tribunal dejó claro que la determinación es definitiva dentro de esta etapa del proceso, por lo que no proceden nuevas apelaciones sobre este punto específico.
¿Cómo fue la separación de Daddy Yankee y Mireddys González?
El proceso comenzó el 2 de diciembre de 2024, cuando Daddy Yankee confirmó públicamente el fin de su matrimonio y reveló que su en ese momento esposa había solicitado el divorcio.
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Lo que inicialmente parecía una separación pacífica tomó otro rumbo días después. El cantante presentó una demanda de urgencia contra su entonces esposa y su cuñada, Ayeicha González, acusándolas de intentar mover de manera no autorizada cerca de 100 millones de dólares pertenecientes a sus compañías El Cartel Records y Los Cangris.
El 20 de diciembre de 2024 se realizó una de las primeras audiencias. La tensión entre las partes fue evidente y el juez Anthony Cuevas Ramos pidió a los abogados moderar su comportamiento durante la diligencia.
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Como resultado de esa audiencia, Daddy Yankee recuperó la presidencia de las empresas involucradas en la disputa. Además, se ordenó congelar 75 millones de dólares durante 30 días y se estableció que cualquier movimiento superior a 100.000 dólares debía contar con la aprobación de ambas partes.
El 8 de febrero de 2025, el juez emitió una resolución en la que rechazó la petición del equipo legal del artista para interrogar de manera extraordinaria a la ex pareja y a su hermana dentro de la disputa gerencial.
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Días después, el 18 de febrero de 2025, se llevó a cabo la audiencia oficial de divorcio mediante videoconferencia. La jueza Eva Soto decretó la disolución legal del matrimonio por ruptura irreparable, poniendo fin al vínculo matrimonial, pero no a los desacuerdos relacionados con el patrimonio.
Posteriormente, el 14 de agosto de 2025, el conflicto también llegó al ámbito federal. Allí surgieron diferencias relacionadas con registros digitales, información corporativa y dispositivos electrónicos vinculados a las empresas del interprete de 'Gasolina'.
En esa etapa, una jueza emitió una orden favorable para Daddy Yankee respecto a la entrega y revisión de dispositivos electrónicos y el control de información relacionada con marcas comerciales.
La fortuna sigue siendo el centro de la disputa
Aunque ex pareja obtuvo una importante victoria con la reciente decisión del Tribunal Supremo, todavía quedan asuntos pendientes dentro del proceso.
El intercambio de pruebas corporativas, las auditorías financieras y la liquidación total de los bienes continúan siendo analizados por los equipos jurídicos de ambas partes.
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Por ahora, el máximo tribunal de Puerto Rico resolvió uno de los puntos más importantes de la controversia. Sin embargo, los procesos relacionados con las empresas, las finanzas y la distribución definitiva del patrimonio siguen su curso mientras las partes esperan nuevas decisiones judiciales.
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