Nueva Zelanda decidió dar marcha atrás en la controvertida ley que obligaba a los agricultores a pagar por las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los eructos y flatulencias del ganado.
Este plan inicialmente fue impulsado por el gobierno de la exprimera ministra Jacinda Ardern, la cual buscaba abordar la crisis climática al imponer tasas a las emisiones de metano de ovejas y vacas.
El nuevo ejecutivo conservador que asumió el poder en noviembre pasado, anunció que llevará al Parlamento una reforma legislativa para neutralizar esta política ganadera aprobada en 2022.
"Estamos centrados en encontrar herramientas prácticas y tecnología para que nuestros agricultores reduzcan sus emisiones de gases que producen el efecto invernadero de una manera que no reduzca la producción ni las exportaciones", declaró el ministro de Agricultura, Todd McClay.
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La ley pionera en su tipo fue promovida por Ardern con la intención de combatir los efectos del cambio climático, considerando que casi la mitad de las emisiones de Nueva Zelanda provienen del sector agrícola.
Sin embargo la implementación de esta medida enfrentó múltiples críticas por parte del sector agrícola, que cuestionaba la viabilidad y precisión de medir las emisiones.
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Las empresas agrícolas, industrias lácteas, frigoríficas y compañías de fertilizantes, que debían comenzar a pagar estas tasas a partir de 2025, serán excluidas del plan bajo la nueva administración.
El primer ministro Christopher Luxon destacó que se creará un nuevo grupo de expertos para analizar alternativas tecnológicas que permitan reducir las emisiones de metano sin afectar la producción ni las exportaciones.
Este enfoque busca cumplir con las obligaciones climáticas de Nueva Zelanda sin poner en riesgo la viabilidad económica del sector agrícola, que representa el 10 % del PIB del país y el 65 % de los ingresos por exportaciones.
La decisión de revertir esta ley ha sido bien recibida por los agricultores, mientras que los grupos ambientalistas han criticado al gobierno por no mantener la iniciativa.
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La administración actual también planea revertir una prohibición de cinco años sobre nuevas exploraciones de petróleo y gas, lo que ha intensificado el debate sobre la dirección de las políticas ambientales del país.
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