La justicia en Colombia acaba de dar un giro que parece sacado de un guion de suspenso legal. El joven que admitió haber terminado con la existencia del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay ha dejado de ser visto únicamente como el autor del hecho ante los estrados.
En un movimiento que ha levantado cejas en todo el país, este adolescente ahora ostenta oficialmente la condición de afectado dentro del mismo proceso judicial que lo mantiene cumpliendo una sanción de siete años.
Todo comenzó aquel 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá. Mientras una multitud se congregaba, el joven se infiltró con una misión clara que le habían encomendado los líderes de una organización oculta.
Según los relatos conocidos, antes de actuar, el muchacho se mostró decidido, incluso mencionando que cumpliría su tarea de forma contundente.
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Sin embargo, la historia detrás de su participación es lo que ha permitido que sus abogados logren este cambio de estatus.
Las investigaciones señalan que este joven no actuó por cuenta propia, sino que fue captado por una red que se dedica a utilizar a menores para sus planes más oscuros. Jhorman David Mora es señalado por las autoridades como el hombre encargado de buscarlo y ofrecerle un papel en este lamentable suceso.
El adolescente fue seducido con promesas de dinero y un lugar dentro de la estructura, pero también bajo una presión asfixiante.
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Un testimonio clave en este rompecabezas es el de una mujer conocida como alias Katherine. Ella detalló cómo se preparó el acto: el joven recibió instrucciones precisas sobre cómo manejar el elemento metálico modificado para que funcionara de forma automática, disparando ráfagas en lugar de tiros individuales.
El chico, en medio de una aparente euforia, aseguraba que estaba listo para hacerlo realidad.
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No obstante, detrás de esa fachada de valentía, existía una sombra de miedo; se dice que líderes como alias el Costeño le advirtieron que no podía echarse atrás, pues su propia familia podría estar en riesgo si fallaba.
Esta dualidad es la que hoy genera debate. Por un lado, las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran a una persona que caminó con paso firme hacia su objetivo.
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Por otro lado, la ley reconoce que fue instrumentalizado y presionado por adultos que dirigen verdaderas "oficinas" de operaciones ilegales en sectores como El Muelle, en la localidad de Engativá. Es precisamente esa presión y el hecho de haber sido reclutado siendo menor lo que fundamenta su nueva posición como víctima en el expediente contra los otros implicados.
La familia del senador Uribe Turbay se encuentra ahora en la incómoda posición de compartir el estatus de afectados con quien ejecutó el acto contra su ser querido.
Pero el trasfondo legal va más allá de la indignación: expertos sugieren que, al ser reconocido formalmente como una persona vulnerada por la red que lo contrató, este joven podría, en un futuro no muy lejano, iniciar acciones legales contra el Estado para reclamar reparaciones económicas.
Mientras el proceso contra otros involucrados como Jhorman David Mora avanza, la pregunta queda en el aire de los juzgados.
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