En Colombia ya empezó a aplicarse uno de los puntos más comentados de la reforma laboral: la licencia remunerada por cólicos menstruales incapacitantes. No es una propuesta, no es un piloto, no es un anuncio simbólico.
La medida ya está en marcha en entidades públicas y empieza a marcar un cambio en la forma en que el Estado reconoce el bienestar menstrual como un derecho.
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La reforma laboral, Ley 2466 de 2025, ha generado todo tipo de debates por el aumento en los costos laborales para los empresarios, pero dentro de ese mismo paquete normativo apareció un artículo que ha tomado fuerza por su impacto social. Se trata del permiso al que pueden acceder mujeres y personas menstruantes del sector público cuando presentan síntomas fuertes que les impiden trabajar con normalidad, siempre respaldado por un certificado médico.
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RTVC fue una de las primeras entidades en oficializarlo. Su gerente, Holman Morris, firmó la resolución que permite otorgar un día de permiso remunerado y dos días de trabajo en casa a quienes cumplan con los requisitos. La medida ya está activa y se aplica caso a caso, según el diagnóstico médico.
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En palabras del propio Morris, el bienestar menstrual se entiende ahora como un derecho dentro del Sistema de Medios Públicos. Y según Camila Manzanares, asesora de género de RTVC, esta decisión también abre una conversación más amplia sobre cómo garantizar estos derechos a mujeres rurales, mujeres campesinas y comunidades históricamente relegadas. Para ella, es un paso que mueve la aguja hacia la equidad en entornos laborales.
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Cómo solicitar la licencia por cólicos menstruales
La reforma laboral define que solo podrán solicitar esta licencia las mujeres que presenten síntomas incapacitantes, y para acceder se deben cumplir dos condiciones concretas:
- Presentar un certificado médico que confirme el diagnóstico.
- Demostrar que los síntomas impiden desarrollar la jornada laboral.
Con esos dos requisitos, las funcionarias públicas pueden pedir el permiso en las entidades donde trabajan. La medida todavía está en su primer año de implementación, que es optativo, y será obligatoria para todas las entidades públicas a partir de junio de 2026.
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