La llegada de miles de turistas a Medellín por los conciertos de Bad Bunny uno de los artistas más importantes del momento no solo llenó estadios, sino que también desató una intensa controversia en el sector de los arrendamientos temporales.
En medio del furor musical y la alta demanda de hospedaje, un anuncio en Airbnb llamó poderosamente la atención: un alojamiento publicado por cerca de 90 millones de pesos para el fin de semana del evento. La cifra generó indignación en redes sociales y abrió un debate sobre los límites entre la oferta y la especulación.
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Mientras visitantes denunciaban precios desbordados y cancelaciones de última hora, uno de los protagonistas de la polémica decidió dar la cara.
Sebastián Barrada, anfitrión del alojamiento en cuestión, explicó públicamente las razones detrás de su decisión, asegurando que no se trató de aprovecharse de los fanáticos, sino de una estrategia para protegerse dentro de la plataforma.
Bad Bunny y la explicación del anfitrión
En una entrevista concedida a Telemedellín, Barrada afirmó que el aumento exagerado del precio no buscaba concretar una reserva real.
Según explicó, su intención era evitar que el inmueble fuera alquilado durante esas fechas sin necesidad de bloquear el calendario, una acción que, según él, podría acarrearle sanciones internas.
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“Yo no bloqueo la noche, lo que hago es subir el precio exageradamente para que nadie reserve”, señaló, asegurando que esta práctica responde a su conocimiento del funcionamiento del negocio de alquileres temporales.
Sus declaraciones, lejos de calmar el debate, avivaron la discusión entre quienes consideran esta estrategia como una falta ética y quienes la ven como un vacío en las normas de la plataforma.
Bad Bunny, Airbnb y las posibles sanciones
Aunque Airbnb permite que cada anfitrión fije libremente sus tarifas, sus políticas también contemplan herramientas para bloquear fechas específicas sin afectar la visibilidad del alojamiento.
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De acuerdo con los términos y condiciones, los usuarios pueden marcar días como no disponibles cuando así lo requieran, lo que pone en entredicho la justificación entregada por Barrada.
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Si bien la plataforma no establece de manera explícita una sanción por inflar precios de forma desproporcionada, los afectados pueden acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
En caso de que esta entidad falle a favor de los denunciantes, los propietarios podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes e incluso la pérdida del derecho a operar el alojamiento.
El alcalde de Medellín también se pronunció sobre la situación, señalando que se hizo seguimiento a los precios durante el fin de semana de los conciertos y que algunas plataformas ajustaron sus tarifas tras las denuncias ciudadanas. Más allá del espectáculo musical, el episodio dejó sobre la mesa un debate de fondo sobre la regulación de los alquileres temporales en eventos masivos y la necesidad de mayor control para proteger a los consumidores.
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