Pareja es acusada de acabar con la vida de su bebé en Meta porque "nació mujer"

La justicia tiene una memoria de largo alcance y, a veces, los procesos más complejos tardan años en dar resultados definitivos. Este es el caso de una pareja que, tras una década de silencio, ha sido puesta tras las rejas por las autoridades en el departamento del Meta.

Todo comenzó en el año 2016, pero ha sido este fin de semana de marzo de 2026 cuando el sistema judicial ha dado un paso contundente al enviar a prisión a los dos señalados por la pérdida de una pequeña que apenas comenzaba a vivir.

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Un suceso que esperó justicia por diez años Los hechos que hoy vuelven a la luz pública ocurrieron entre junio y julio de 2016. En aquel entonces, la vereda Cristalina, situada en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, fue el escenario donde se encontró el cuerpo de una niña de tan solo 33 días de nacida.

La menor fue hallada sin vida en una de las habitaciones de un hospedaje local, marcando el inicio de una investigación que se extendió por mucho más tiempo del que cualquiera hubiera imaginado.

El inesperado motivo detrás de los hechos Lo que ha generado mayor asombro en la opinión pública y en los reportes de la Fiscalía General de la Nación es el móvil que presuntamente impulsó este trágico desenlace.

Según las indagaciones y el material probatorio recopilado, la bebé habría sido víctima de maltrato físico recurrente por parte de sus propios progenitores.

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Las autoridades indican que la razón de estas agresiones constantes sería, increíblemente, que la menor había nacido con el género femenino.

Este detalle ha dado un giro total a la percepción del caso, subrayando una problemática profunda que la justicia busca sancionar con severidad bajo la figura de feminicidio agravado.

El operativo de captura: de punta a punta del país Lograr que estas personas respondieran ante los jueces no fue una tarea sencilla.

Se requirió de un esfuerzo coordinado en el que participaron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el respaldo constante de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Las órdenes de captura se hicieron efectivas en dos puntos geográficamente distantes: una de las detenciones ocurrió en el municipio de Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca, mientras que la otra tuvo lugar en Puerto Gaitán, Meta.

A pesar de que los implicados no aceptaron los cargos que se les imputaron durante las audiencias, un juez decidió que la gravedad de lo sucedido ameritaba que permanecieran privados de la libertad en un centro carcelario mientras el proceso legal sigue su curso.

La medida de aseguramiento busca garantizar que las investigaciones avancen sin contratiempos y que se defina la responsabilidad final de ambos padres en este incidente que permaneció latente durante diez años antes de resolverse.