A prisión por someter a aberrantes torturas a sus dos hijos de 4 y 5 años

Tras una investigación exhaustiva, la Fiscalía de Risaralda logró imputar cargos y asegurar en un centro carcelario a una mujer de 26 años y a su compañero sentimental de 29, por presuntamente someter a maltratos sistemáticos a dos menores de 5 y 4 años de edad, hijos de la acusada.Los escalofriantes hechos, según la Fiscalía, tuvieron lugar el 25 de enero en una residencia ubicada en el barrio San Vicente del municipio de Santa Rosa de Cabal. Según las autoridades, las víctimas, hijos de la procesada, presentaban hematomas, signos de quemaduras y lesiones en varias partes del cuerpo.El material probatorio recabado por un fiscal de la Seccional Risaralda reveló que el menor de los niños, de apenas 4 años, habría sido sometido a largos períodos atado de sus manos, mientras que ambos infantes habrían sido golpeados por el padrastro, con el aparente consentimiento de la madre biológica.La Fiscalía imputó a la mujer el delito de tortura agravada y lesiones personales en calidad de cómplice, mientras que al hombre se le imputaron los mismos delitos en calidad de autor. Sin embargo, ninguno de los investigados aceptó los cargos en su contra.El caso salió a la luz gracias a la denuncia de un familiar de los menores, lo que desencadenó una rápida acción por parte de la Policía Nacional de Risaralda, quienes capturaron a la pareja y rescataron a los niños del entorno de abuso en el que estaban siendo sometidos.Todo el peso de la leyLa gravedad de los cargos y la presunta participación activa de la pareja en los maltratos a los menores ha generado consternación en la comunidad de Santa Rosa de Cabal. Ahora, las autoridades esperan que el proceso legal siga su curso para garantizar justicia y protección para los niños afectados.Las leyes en Colombia son contundentes y no toleran el abuso contra los menores de edad, quienes son especialmente vulnerables y merecen protección. Los responsables de estos actos atroces deben enfrentar las consecuencias más severas que la justicia pueda imponer. El Estado y la sociedad en su conjunto deben asegurarse de que se haga justicia y de que se brinde apoyo integral a los niños afectados, con el objetivo de garantizar su bienestar y su recuperación emocional.