
Joven que acabó con Miguel Uribe Turbay podría no pisar cárcel pese a sus hechos
A pesar de enfrentar cargos por homicidio agravado, el joven de 15 años señalado de disparar al precandidato Miguel Uribe podría beneficiarse legalmente.

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El incidente que culminó con la vida del precandidato Miguel Uribe conmocionó al país y la situación legal del joven de 15 años, señalado como el gatillero, tomaría un giro inesperado.
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Inicialmente procesado por tentativa de homicidio, el panorama legal de este adolescente se ha endurecido significativamente al enfrentarse ahora a un cargo de homicidio agravado, una figura delictiva de mucha mayor gravedad.
Sin embargo, a pesar de la seriedad del delito consumado, la abogada penalista Diana Muñoz Castellanos, en declaraciones al programa El Klub de La Kalle, reveló un escenario que podría sorprender a muchos: la posibilidad de que el joven no cumpla un solo día de cárcel.
El sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia difiere sustancialmente del de los adultos. Para un menor de edad, la pena máxima que se puede imponer es de ocho años, incluso para delitos tan graves como el homicidio agravado.
Aunque la tendencia natural sería imponer la pena más alta dadas las circunstancias, se ha abierto paso una figura legal crucial: el principio de oportunidad.
Este principio, una herramienta legal a disposición de la Fiscalía, le permite renunciar o suspender la acción penal contra una persona. ¿El propósito? Obtener colaboración para desarticular estructuras criminales de mayor envergadura.
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La abogada Muñoz Castellanos explica que se le diría al joven:
"Venga usted nos va a contar todo, nos va a ayudar a llegar a estas personas, luego va a declarar en juicio, es decir se va a convertir en el arma letal de la fiscalía para poder judicializar a todo el mundo". A cambio de esta valiosa cooperación, la Fiscalía renunciaría a la persecución penal en su contra.
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La experta sugiere que esta posibilidad es, de hecho, la "más consolidada". La lógica detrás de ello radica en que, a menudo, los autores materiales de un crimen como este son instrumentalizados por individuos con mayor poder y recursos, quienes permanecen en la sombra.
Al final del día, la justicia no busca únicamente al "gatillero", sino a quienes idearon y financiaron el acto.
La Fiscalía, en este contexto, podría estar menos interesada en un principio de oportunidad ahora que el homicidio se ha consumado y agravado.
Sin embargo, la colaboración previa o el suministro de datos para la investigación ya benefician al joven, ya sea para una potencial condena o para la aplicación de este principio.
Este enfoque se enmarca dentro de lo que el sistema penal colombiano denomina "justicia premial".
Este concepto permite la terminación anticipada de procesos o la reducción de penas a cambio de la aceptación de responsabilidad o, como en este caso, la colaboración con la justicia para perseguir a otros con mayor responsabilidad.
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Aunque genera "escosor" y la sensación de impunidad en la opinión pública, la abogada destaca que estas figuras buscan materializar la justicia de manera más efectiva, evitando que la persecución de todos termine en una mayor impunidad.
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Es importante entender que la Fiscalía solo imputará delitos que pueda probar fehacientemente. En este caso, el homicidio y el porte de armas de fuego son claros y tienen respaldo probatorio.
Otros delitos, como el terrorismo, aunque puedan surgir en la discusión pública, son mucho más complejos de probar y podrían obstaculizar el proceso de condena efectiva. La meta es una condena probada, no el delito más grave que la Fiscalía no pueda sustentar.
Mira la entrevista completa aquí: