La situación al interior del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), adscrito a la Fiscalía General de la Nación, está entrando en una fase crítica.
Según una investigación de la revista Semana, los hallazgos de auditorías internas revelan presuntas alteraciones de evidencias físicas, manipulación de cadáveres en avanzado estado de descomposición y pésimas condiciones laborales para los funcionarios que allí trabajan.
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En la ciudad de Cali, se descubrieron restos de sangre, cuchillos, cuerdas, ropa y restos óseos sin la debida cadena de custodia, almacenados en baños o neveras transitorias sin identificación ni embalaje adecuados.
Las cámaras de refrigeración que deben mantener los cuerpos entre 2 y 4 °C no lo logran; en Valle del Cauca se registraron hasta 22 °C, y en otras sedes como Santander o Barrancabermeja los cuerpos prácticamente “se cocinan” por falta de mantenimiento y recursos para reparar equipos.
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El sindicato de trabajadores del INMLCF denunció además la entrega de cuerpos en “estado necrótico”, condiciones de trabajo extremas, calor intenso, falta de ventilación, hacinamiento de cuerpos uno sobre otro y el riesgo sanitario para funcionarios y familias.
Ante estas condiciones, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación fueron alertadas por posibles hechos que podrían constituir delitos, como la pérdida o alteración de evidencias compromete la administración de justicia, y la violación de la dignidad humana también queda señalada.
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La entidad respondió que las investigaciones están en curso y que, si bien no hay denuncias formales por corrupción en los contratos, se iniciaron planes para reparar infraestructura y revisar las condiciones laborales.
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Sin embargo, los trabajadores señalan que la crisis es estructural, como salarios bajos, recursos escasos, personal insuficiente y una gestión que lleva años sin dirección firme.
La crisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no es únicamente técnica, pues impacta directamente a víctimas, familias, procesos judiciales, y al mínimo estándar de trato que merecen los cuerpos de quienes fallecen, por esto encendieron las alertas.
Expertos en criminalística advierten que la situación podría generar un efecto dominó debida alteración de pruebas y el manejo inadecuado de cadáveres, comprometiendo no solo las investigaciones judiciales, sino que también dificulta la identificación de víctimas y genera desconfianza en la ciudadanía sobre la capacidad del Estado para garantizar justicia.
Además, señalan que la falta de inversión en infraestructura y la precariedad laboral del personal podrían derivar en consecuencias aún más graves, como errores en autopsias, pérdida de evidencia crítica y riesgos sanitarios tanto para empleados como para familiares de las víctimas.
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