Álvaro Uribe aún es inocente pese a decisión de jueza y podría salir del país sin lío
Una abogada penalista aclara el panorama jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez bajo el amparo de la presunción de inocencia mientras su proceso legal continúa.
La situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez generó un intenso debate en el país, especialmente tras la decisión de una jueza en primera instancia que lo encontró penalmente responsable.
Sin embargo, a pesar de este veredicto inicial, Álvaro Uribe Vélez mantiene la presunción de inocencia y se encuentra en plena libertad, con la posibilidad incluso de salir del país sin impedimentos legales.
La abogada penalista Diana Muñoz Castellanos, en diálogo con El Klub de La Kalle, explicó que en Colombia, toda persona es presumida inocente hasta que una condena esté en firme, es decir, hasta que se agoten todos los recursos legales disponibles.
En el caso del expresidente, aunque hubo una condena en primera instancia, esta decisión no es definitiva. "En este momento él es inocente porque no tiene una sentencia en firme", afirmó Muñoz.
¿Cuál es el proceso legal de Álvaro Uribe y qué significa presunción de inocencia?
Tras la primera instancia, el proceso de Álvaro Uribe Vélez avanza a una segunda instancia, donde un tribunal revisará la decisión inicial.
Posteriormente, existe un recurso extraordinario de casación, que, aunque no es una tercera instancia, representa otra vía legal para el caso.
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El tribunal se tomará el tiempo necesario para determinar si confirma la condena o si, por el contrario, la revoca y declara al expresidente inocente.
Un aspecto clave en su actual situación es que Uribe Vélez no enfrenta ninguna medida restrictiva de libertad.
¿Dónde pagará la condena Álvaro Uribe?
/Foto: AFP
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La orden de liberación emitida recientemente se fundamenta en que todas las personas tienen derecho a enfrentar sus procesos penales en libertad, salvo en casos muy específicos donde se demuestre, por ejemplo, riesgo de no comparecencia.
En este sentido, el tribunal que falló una acción de tutela a favor del expresidente determinó que la jueza de primera instancia no argumentó de manera suficiente por qué debía privársele excepcionalmente de la libertad.
La abogada destacó que el expresidente ha demostrado un comportamiento "muy juicioso" con las citaciones judiciales, lo que indica que no hay riesgo de que no comparezca a futuro. "Si el expresidente dice 'Me quiero ir para Aruba', se puede ir tranquilamente a Aruba", ilustró Muñoz.
La abogada Muñoz Castellanos aclaró que el caso de Uribe Vélez es distinto al de otras figuras públicas, como EPA Colombia, cuya sentencia ya está en firme y agotó sus recursos, incluso al aceptar responsabilidad.
En contraste, la condena de Uribe no está en firme, manteniendo la presunción de inocencia y el principio de libertad.
El proceso de segunda instancia puede extenderse considerablemente, con decisiones que normalmente toman entre 8 y 10 meses, y aún más en casos complejos como este, donde la primera sentencia supera las mil páginas.
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Sin embargo, un "fantasma" que acecha el caso es la prescripción, un mecanismo legal por el cual el Estado pierde la potestad de condenar a una persona si transcurre un tiempo excesivo.
Para este caso, la prescripción está prevista para octubre próximo, y esa fecha es inamovible. Esto genera una presión sobre el tribunal para emitir una decisión de fondo, aunque legalmente todos los procesos deben seguir su curso sin privilegios.
Es importante subrayar que la interposición de la acción de tutela y la posterior liberación del expresidente no es un hecho insólito en el derecho colombiano.
Muñoz enfatizó que es un recurso utilizado "permanentemente" por personas condenadas en primera instancia, y con frecuencia "les prospera y con frecuencia quedan en libertad", aunque estos casos no suelen ser mediáticos.
De acuerdo con las proyecciones de la abogada penalista, es "muy poco probable" que el expresidente termine en la cárcel. Incluso si llegara a ser condenado en segunda instancia, existe la posibilidad de que se le conceda la prisión domiciliaria, permitiéndole cumplir la pena en su hogar.