El panorama financiero de Colombia experimentó una sacudida histórica tras la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de eliminar la retención en la fuente a los pagos digitales y, simultáneamente, anular la existente para las transacciones con tarjetas débito y crédito.
Este movimiento, anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, junto con el director (e) de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, representa un retroceso estratégico frente a una propuesta que había provocado una ola de críticas generalizadas en el país.
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El resultado es una unificación de tarifas: todos los medios de pago electrónicos quedan con una retención del 0%.
La iniciativa original del Ejecutivo buscaba imponer una retención del 1,5% a plataformas digitales como Daviplata, Nequi, PSE o el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, Bre-B.
Aunque la intención inicial era "corregir la asimetría regulatoria" entre los distintos canales de pago, la reacción fue inmediata y contundente. En menos de un mes, el Gobierno recibió más de 170 comunicaciones con observaciones al proyecto de decreto.
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Gremios importantes como Asobancaria, la entidad que representa a los bancos y otras instituciones financieras, y Colombia Fintech, habían advertido que la retención generalizada del 1,5% era "altamente inconveniente" y que representaba un castigo a la digitalización.
La preocupación central de la ciudadanía y del sector financiero era que la imposición de este porcentaje podía incentivar el uso desmedido del efectivo.
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En un país donde, según cifras del Banco de la República, el 77,8% de las transacciones aún se efectúan en dinero físico, cualquier medida que debilitara la trazabilidad de las transacciones digitales resultaba contraproducente para la lucha contra la evasión y el contrabando.
El riesgo de debilitar los alcances de verificación de trazabilidad, fue el factor determinante para la rectificación gubernamental.
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Esta decisión, según el Ministerio de Hacienda, busca facilitar la formalización y crear condiciones para acelerar la transición hacia una economía más inclusiva.
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Desde el sector privado, la noticia fue recibida con optimismo.
En la misma línea, José Ignacio López, presidente de Anif, celebró que "Eliminar las retenciones en pagos en tarjeta y no tener retenciones en pagos digitales es el camino a la formalización, inclusión financiera y, en el mediano plazo, mayor recaudo”.
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A pesar de la eliminación de la retención en la fuente, el control tributario sobre los usuarios de billeteras digitales permanece vigente. El director de la DIAN recordó que el uso masivo de estas plataformas electrónicas mantiene las transferencias digitales bajo vigilancia fiscal.
Es crucial que los usuarios dejen documentados los movimientos y sustenten el origen de los fondos ante cualquier requerimiento oficial.
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Los límites de control para transferencias mensuales se fijan en 210,50 UVT, lo que equivale a $10.482.689,50 COP en 2025. En el ámbito anual, el umbral asciende a 65 UVT, cerca de $65.891.000 COP.
Superar estos montos activa alertas automáticas en la autoridad tributaria, que podrá solicitar la documentación pertinente para explicar el origen y destino de los recursos.
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