Las personas que se salvarían de pagar por transferencias en Nequi, Daviplata y Bre-B
Un nuevo proyecto del Gobierno tiene en alerta a usuarios y comercios por posibles cambios en las transacciones digitales. ¿A qué medida se enfrentan ahora?
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A escasas semanas de que Bre-B, el nuevo sistema de transferencias inmediatas del Banco de la República, comenzara a operar como una alternativa moderna y gratuita al uso del efectivo, se encuentra junto con las billeteras digitales de Bancolombia y Davivienda (Nequi y Daviplata) en el centro de una controversia financiera.
La polémica gira en torno a un proyecto de decreto liderado por el ministro Germán Ávila Plazas, que plantea imponer una retención en la fuente del 1,5% a todos los pagos realizados a través de estos canales electrónicos.
El Ministerio de Hacienda argumenta que existe un "tratamiento dispar" en la tarifa de retención entre las transferencias digitales y los pagos efectuados con tarjetas de débito o crédito, los cuales ya están sujetos al 1,5%.
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Por lo tanto, el proyecto busca modificar el Decreto 1625 de 2016 para "equiparar la retención", con el fin de evitar el arbitraje entre diferentes productos y reconocer un trato similar a aquellos que ofrecen plena trazabilidad transaccional.
En términos prácticos, esta medida implica que cada transacción digital de adquisición de bienes o servicios podría tener un descuento automático del 1,5%.
Esto ha generado preocupación inmediata, especialmente en el sector de pequeños comercios, profesionales independientes y emprendedores que utilizan estas plataformas precisamente porque les permiten recibir dinero sin costos adicionales o intermediarios.
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Por ejemplo, en un pago de $1.000.000, se retendrían $15.000 (el 1,5%) al establecimiento comercial que recibe el dinero.
Ante la ola de críticas que han advertido sobre los "profundos efectos" que la medida podría tener sobre la adopción de los pagos digitales, la cartera de Hacienda emitió una serie de aclaraciones para precisar el alcance de la norma, asegurando que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un simple ajuste técnico a una retención ya existente.
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El Ministerio precisó que esta retención solo se aplicará cuando el pago o abono constituya un ingreso tributario y se trate de la adquisición de bienes o servicios. Esto es crucial para entender a quién va dirigido:
A pesar de las aclaraciones de Hacienda sobre quién es retenido legalmente, la preocupación principal de gremios y expertos radica en el impacto económico indirecto.
Si bien el cobro afectaría principalmente a los comercios formales, existe un temor fundado de que estos costos terminen trasladándose al usuario a través de un aumento en los precios finales de los productos y servicios.
Voces críticas, como el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, cuestionaron la prioridad del Gobierno.
Asimismo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, calificó la propuesta como una "muy mala idea" que desincentiva el uso de medios electrónicos.
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La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y otras asociaciones advirtieron que, si los pagos digitales dejan de ser gratuitos para los pequeños comercios, millones de ellos regresarán al efectivo.
Esto podría tener efectos comparables a experiencias internacionales; por ejemplo, en Brasil, un anuncio de aumentar los controles fiscales sobre PIX (similar a Bre-B) provocó una caída del 15,3% en las transacciones en solo dos semanas.
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