Un caso médico y judicial en el país, reabrió el debate sobre los límites en los tratamientos de cambio de género en menores de edad.
En el centro de la controversia está una familia del Valle del Cauca que interpuso una millonaria demanda contra La Fundación Valle del Lili, alegando que su hija fue sometida a terapias hormonales y procedimientos quirúrgicos sin la evaluación psicológica ni el consentimiento adecuado.
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¿Qué tratamientos médicos recibió la menor antes de cumplir la mayoría de edad en Colombia?
De acuerdo con la información revelada por SEMANA. La historia gira en torno a una joven que, entre 2017 y 2020, fue atendida por distintos especialistas tras manifestar inconformidad con su identidad de género.
Según los documentos del proceso, a los 15 años empezó a recibir tratamientos hormonales con testosterona, además del uso de bloqueadores de pubertad y posteriormente fue sometida a una cirugía de masculinización torácica.
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Los padres aseguran que la atención se dio sin una valoración psicológica y psiquiátrica integral, ni un proceso que garantizara la madurez emocional de la menor.
Alegan que, antes de cualquier intervención, debió analizarse con atención un antecedente delicado, un trauma de infancia que, según la familia, nunca fue tratado adecuadamente antes de iniciar los procedimientos médicos.
¿Qué argumentan los abogados de la familia sobre el consentimiento informado?
En la demanda se plantea que los profesionales actuaron con precipitación, omitiendo análisis profundos sobre el entorno familiar y la salud mental de la paciente. Se pide además una indemnización económica considerable y una revisión de los protocolos que rigen los tratamientos de identidad de género en menores de edad.
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Los documentos también mencionan que la adolescente, a los 14 años, comenzó a cuestionar su identidad tras consumir contenidos sobre transiciones de género en redes sociales, lo que la habría influenciado en su decisión. A los pocos meses, buscó ayuda médica y fue diagnosticada con disforia de género.
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Los abogados que llevan el caso insisten en que no hubo suficiente información para que la menor otorgara su consentimiento libre y consciente. Consideran que los tratamientos se realizaron en un momento de vulnerabilidad emocional, sin un respaldo clínico sólido y sin la participación efectiva de sus representantes legales.
Desde el lado médico, se argumenta que todos los procedimientos se hicieron bajo los estándares científicos disponibles y que existieron consentimientos firmados. Sin embargo, el caso abrió un debate nacional sobre los límites de la autonomía de los menores frente a decisiones médicas irreversibles.
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