La Gobernación de Cundinamarca tomó una decisión contundente que marca un antes y un después para la comunidad educativa de la región.
Tras concluir un proceso administrativo sancionatorio, se ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento y el cierre definitivo del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.
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Esta medida es la consecuencia directa de las investigaciones relacionadas con la trágica muerte de la menor Valeria Afanador, quien desapareció del plantel y fue hallada sin vida en un río cercano el 29 de agosto de 2025.
Si sigues de cerca este caso, debes saber que la resolución no solo se basa en el fallecimiento, sino en la cadena de errores que, según las autoridades, cometió la institución en su deber de proteger a la estudiante.
¿Por qué ordenaron el cierre definitivo del Gimnasio Los Laureles?
La razón principal radica en las omisiones en el deber de cuidado y protección de Valeria. Según la investigación administrativa, la menor logró salir de su aula antes del descanso sin que ningún control lo impidiera.
Permaneció sola en zonas recreativas sin que los docentes de vigilancia notaran su presencia, y su ausencia no fue reportada de manera oportuna.
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La Gobernación determinó que no basta con que un colegio tenga guardias de seguridad o cronogramas de vigilancia sobre el papel.
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Lo relevante es que estos mecanismos funcionen efectivamente para evitar tragedias. En el caso del Gimnasio Los Laureles, se concluyó que las herramientas tecnológicas y humanas fallaron en su propósito fundamental: garantizar la seguridad de la alumna.
Además, se analizó el riesgo que representaba la cercanía del río Frío. Aunque la institución sabía que el afluente estaba allí, solo consideraban el riesgo de inundaciones en las áreas de juego, pero nunca evaluaron el peligro que representaba para la integridad física de los estudiantes que pudieran acercarse a él.
¿Qué falló en los protocolos de búsqueda de Valeria Afanador?
Uno de los puntos más críticos señalados por las autoridades fue la falta de una ruta clara para actuar ante la desaparición de un estudiante.
Cuando se dieron cuenta de que Valeria no estaba, la reacción fue calificada como tardía, improvisada y desarticulada.
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Los testimonios recogidos indican que, aunque algunos docentes iniciaron búsquedas voluntarias y llamaron a lista, no había nadie liderando el proceso.
No se definieron zonas prioritarias de búsqueda ni se revisaron de inmediato las cámaras de seguridad para rastrear los movimientos de la menor.
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Básicamente, el colegio tenía protocolos para incendios o evacuaciones generales, pero carecía de un procedimiento específico para enfrentar la pérdida de ubicación de un alumno dentro de sus instalaciones.
¿Qué pasará con los estudiantes actuales?
Si tienes a alguien conocido en este colegio o te preocupa el futuro de los demás niños, debes saber que el cierre no es inmediato.
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La medida se hará efectiva una vez finalice el calendario académico del año lectivo 2026. La rectora, Sonia Ochoa Daza, tiene como plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar un Plan de Reubicación de Estudiantes ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca.
Más allá del cierre administrativo, el caso ya está en manos de la justicia penal. La Fiscalía General de la Nación imputó por el delito de homicidio culposo a una docente (Emely Fuentes) y al encargado de seguridad (Danny Javier Ochoa Prada), quienes tenían la responsabilidad directa de vigilar a Valeria ese día.
Sin embargo, el abogado de la familia, Julián Quintana, ha expresado que los parientes no están conformes con que la rectora haya sido excluida de estas imputaciones iniciales, pues consideran que ella también debe responder por lo sucedido.
La Gobernación también ha remitido copias del expediente a la Fiscalía para que se sigan evaluando las responsabilidades correspondientes.