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Desde el pasado lunes, más de 300 arroceros del Tolima —y de otros ocho departamentos del país— decidieron cesar actividades y tomar las vías como medida de presión ante el incumplimiento de acuerdos pactados con el gobierno nacional en marzo de este mismo año.
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“Estamos preocupados por el arroz, porque el arroz está en todas las mesas colombianas”, expresó la periodista Paula Belarcázar en una entrevista en El Klub de La Kalle.
El cereal básico del país está en el centro de una disputa entre el gremio agrícola y el gobierno, que prometió subsidios y recursos que aún no aterrizan donde deberían: en manos de los cultivadores.
Durante el primer paro de marzo, el gobierno se comprometió a desembolsar $43.000 millones a través de Finagro para apoyar la producción arrocera.
Sin embargo, los productores aseguran que el dinero no ha llegado a quienes verdaderamente lo necesitan: los agricultores de riego, que asumen los mayores costos de producción.
La viceministra de Asuntos Agropecuarios, Heidy Ortega, afirmó que los giros ya se realizaron, pero los arroceros insisten en que esos recursos están “envolatados”.
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Además, los bloqueos responden también a la exclusión de líderes del gremio en las mesas de negociación.
“No hay diálogo real con quienes estamos en las vías. ¿Cómo vamos a avanzar si ni siquiera nos han convocado?”, reclaman desde el Comité Nacional del Paro Arrocero.
Actualmente, los arroceros reciben entre $170.000 y $185.000 por carga de arroz, pero denuncian que producirla cuesta al menos $205.000 a $220.000. La diferencia es insostenible y ha llevado a pérdidas que asfixian al sector.
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Aunque por ahora los precios en supermercados no han subido, el gremio advierte que, si la situación no se resuelve, el kilo de arroz podría superar fácilmente los $6.000.
Esto representaría un golpe directo al bolsillo de los colombianos, que consumen arroz en casi todas las comidas.
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Según cálculos de autoridades y expertos, el paro arrocero genera pérdidas diarias de al menos $2.500 millones, y tras tres días sin acuerdos, el saldo asciende a más de $7.500 millones.
Además de la producción detenida, más de 11.000 vehículos de carga están bloqueados, lo que no solo afecta el traslado de arroz, sino también de alimentos como papa, plátano y cebolla. En ciudades como Villavicencio, las ventas en plazas de mercado han caído entre un 30% y 40%.
El impacto es transversal: desde los campesinos hasta los ciudadanos de a pie. El transporte, el comercio, los restaurantes, las plazas de mercado y hasta los hogares más humildes están sintiendo las consecuencias del bloqueo.
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Como advirtió Belarcázar, “esto le pega al que está cocinando en Patio Bonito, al que se está bañando para ir a manejar taxi, al que vende empanadas o almuerzos. Todos comemos arroz”.
Incluso sectores como el transporte intermunicipal se han visto golpeados: 10% de los despachos de buses han sido suspendidos por los bloqueos.
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En apenas tres días de paro, más de $7.500 millones se han evaporado entre mercancía represada, productos perecederos desperdiciados y actividades económicas paralizadas.
El arroz no es el único afectado. En las vías, miles de toneladas de otros alimentos esperan paso o son malvendidas por sus transportadores. “Lo que no se puede pasar, se está regalando o perdiendo”, narran campesinos que repiten escenas similares a las vividas en otros paros agrarios recientes.
Por ahora, los anaqueles de supermercados y tiendas de barrio siguen abastecidos. Sin embargo, si los bloqueos continúan y no se garantiza el transporte de nuevas cosechas, el riesgo de desabastecimiento es real.
Los arroceros aseguran que tienen toneladas almacenadas, pero estas no llegarán a destino si no se resuelven los puntos críticos del paro.
Las advertencias sobre escasez comienzan a circular, y los consumidores ya observan con preocupación lo que pueda pasar en las próximas semanas.
Mientras tanto, la incertidumbre crece. Los arroceros endurecen su postura y anuncian que los bloqueos serán ahora indefinidos, al no ver voluntad de diálogo real por parte del gobierno.
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