Rodolfo Hernández acepta asistir a debate, pero exige que sea en su ciudad y otras condiciones

Tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó a los aspirantes a la Presidencia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, asistir a un debate antes de las elecciones del domingo 19 de junio, el candidato bumangués aceptó la orden, pero puso unas condiciones.

Pues luego de que el miércoles el candidato Gustavo Petro anunciara que está “listo” y dispuesto a asistir al debate que se programe, su contrincante, Rodolfo Hernández, pronunció a través de un comunicado en el que expuso varios puntos frente a la orden de debatir sus propuestas en la televisión pública.

En el escrito el aspirante a la Casa de Nariño expresó estar preparado para debatir; sin embargo, planteó sus condiciones entre las que se debería cambiar el lugar de debate y establecer moderadores.

“Petro: Usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quiénes, para qué y mil detalles que se tienen que prever. Yo también estoy listo, para debatir como lo estoy desde hace más de 50 años…”, inicia la carta del candidato de Liga Anticorrupción.

Posteriormente recuerda que también tiene un programa de gobierno “que ha sido millones de veces difundido por medios de comunicación y redes sociales, algunos de cuyos temas han sido profusamente discutidos y analizados”, al tiempo que califica la orden del Tribunal de Bogotá como un debate que se daría “vía abuso descarado e inconstitucional e ilegal de una herramienta tan importante como la acción de tutela”.

Inmediatamente expone una serie de condiciones para asistir al debate ordenado que, insiste, respeta, pero no comparte.

El candidato designa como sus “compromisarios” para “trabajar en las reglas del encuentro” a Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial; Érika Sánchez, representante a la Cámara por la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Adriana Vargas, coordinadora voluntaria de su campaña y otras cuatro personas más entre comunicadores, abogados y coordinadores de campaña.

Como segundo punto estableció que el debate presidencial debe desarrollarse en Bucaramanga, argumentando razones de seguridad, además “para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar”.

En tercer lugar propuso los temas que considera importantes incluir en el debate, entre los que señaló algunos como: “Campañas sucias de contenedores políticos”, “Alianzas politiqueras de los candidatos”. “Uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas”. “Violación de los topes de gastos”. “Fuentes de financiación oscuras de la campaña”. “Amenazas descaradas de generar caos”, entre otras.

Habló del costeo de gastos para la logística y traslado de debate a Bucaramanga, diciendo que es Petro quien debe costearlos “porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros”.

Agrega que el candidato del Pacto Histórico “les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los SEIS, deben asistir, sí o sí, porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación”.

Por otro lado propuso que los conductores del debate sean: “VICKY DÁVILA, DARCY QUINN, JESICA DE LA PEÑA y tres hombres que escojamos de común acuerdo”.

Además, consideró que el tiempo para las respuestas debería ser de “mínimo de 5 minutos por cada pregunta porque no he podido aprender a decir mentiras, por salir del paso”.

Tras exponer sus condiciones, le recordó a Gustavo Petro que el fallo de tutela ordena que se haga conjunta la solicitud de debate, por lo que le pide que “avancemos en los temas”.