Vecinos del barrio Jorge Eliécer Gaitán llegaron hasta la vivienda donde Armando Alaguna y María Lozano habían vivido por años, y los sacaron en medio de protestas constantes, permitiendo que la casa volviera a manos de su verdadero dueño, Héctor Rubiano, un hombre de 76 años que llevaba más de dos años denunciando que sus inquilinos querían quedarse con su propiedad.
Una de las hijas de Héctor convocó a la comunidad a plantones y protestas pacíficas, hartos de ver cómo el hombre que había trabajado toda su vida para comprar ese inmueble estaba, según contaba la familia, siendo desplazado por quienes alguna vez entraron como arrendatarios.
Las convocatorias funcionaron: la comunidad se organizó, se plantó frente a la casa y no se movió hasta que la pareja salió.
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Según el periodista Juan Carlos Villani, de Séptimo Día, quien acompañó la investigación desde el inicio, “Héctor recuperó su casa gracias a la unión ciudadana”. Y esa frase resume lo que la familia venía advirtiendo desde hace años: que Armando Alaguna y María Lozano no querían entregar la casa que les habían arrendado en 2009.
Héctor Rubiano, campesino de Turmequé, trabajó décadas como agricultor para poder comprar su casa en 1984. La puso en arriendo mientras seguía viviendo en Boyacá, y en 2009 llegaron los inquilinos que jamás imaginó que lo llevarían a una batalla legal. Durante años, la relación fue cordial: pagos al día, convivencia tranquila, incluso invitaciones a asados. Pero entre 2022 y 2023 todo cambió.
Según el relato de la familia, empezaron los rumores: “que la casa era de ellos”, “que pensaban quedarse con el inmueble”, “que ya estaban moviendo papeles”. Cuando Héctor lo preguntó directamente, recibió un “no se preocupe don Héctor”, pero los pagos dejaron de llegar y, peor aún, sus hijas fueron sacadas del tercer piso y les cambiaron la chapa. De un día para otro ya no podían entrar.
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Los inquilinos ya se daban por dueños de la casa de la familia Rubiano
El conflicto escaló cuando Héctor interpuso una demanda de restitución, y la respuesta fue aún más sorprendente: María Leonilde Lozano presentó un proceso de pertenencia, alegando llevar 30 años como dueña del bien, pese a que el contrato de arrendamiento firmado en 2009 está en manos de la familia y las escrituras siempre han estado a nombre de Héctor.
Mientras la justicia avanzaba a paso lento, la angustia crecía. Héctor incluso contó que tuvo que vender su finca para defenderse. Pero las hijas, lejos de rendirse, comenzaron a movilizar vecinos y a hacer visibles las irregularidades. Y la comunidad del sector, cansada de ver el caso, decidió actuar.
Este puente festivo, las protestas superaron cualquier intento de resistencia. La pareja salió y la comunidad lo celebró como una victoria colectiva. No hubo violencia ni enfrentamientos: fue presión social constante, gritos de apoyo a Héctor, y vecinos acompañando hasta que la casa quedó desocupada.
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