Golpe al bolsillo de familias en conjuntos residenciales por medida "chueca" poco conocida

En Colombia, la tecnología de reconocimiento facial y la recolección de datos para ingresar a conjuntos residenciales se ha convertido en una tendencia cada vez más común. Sin embargo, lo que muchos vecinos no saben es que este tipo de prácticas podría terminar costándoles caro.La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha advertido que los conjuntos residenciales deben cumplir estrictamente con la normativa de protección de datos personales. Esto significa que, antes de implementar sistemas que registren huellas, rostros, voz o cualquier otro dato sensible, la copropiedad debe contar con el consentimiento informado de los residentes y visitantes, además de garantizar que la información se maneje bajo protocolos de seguridad adecuados.Puedes leer: Conjunto residencial en líos por identificación biométrica, ¿es ilegal entrar con huella?El problema surge cuando los administradores de conjuntos deciden instalar cámaras o software de reconocimiento facial sin cumplir con estos requisitos. En esos casos, la SIC está facultada para imponer multas que pueden superar los 2.000 salarios mínimos legales vigentes, lo que en 2025 equivale a más de 2.600 millones de pesos.Aunque la sanción se impone directamente a la persona jurídica del conjunto, al final el impacto económico lo sienten todos los residentes. Los recursos para cubrir la multa podrían salir de los fondos comunes de la copropiedad, y si estos no alcanzan, la consecuencia inmediata sería un aumento en las cuotas de administración.Puedes leer: Banco Colpatria anuncia remate de casas y lotes en todo el país; estas son las ofertasAdemás del golpe económico, estas situaciones generan desconfianza y molestia entre los residentes, que muchas veces no fueron informados de la implementación de estas tecnologías. Para la SIC, la transparencia en la recolección de datos es obligatoria, y ocultar información sobre su uso o finalidad también puede ser causal de sanciones.En conclusión, aunque las multas las recibe directamente el conjunto residencial, los residentes pueden perder dinero porque esos pagos salen de los recursos comunes y, si no alcanzan, el costo se reparte en nuevas cuotas o incrementos en la administración que deben cubrir de su propio bolsillo.Conjuntos residenciales deben ofrecer alternativas de accesoLa Superintendencia de Industria y Comercio ha sido clara en que los conjuntos residenciales no pueden obligar a los residentes ni visitantes a entregar datos sensibles como huellas o reconocimiento facial sin brindar otras opciones de ingreso. En estos casos, la copropiedad está en la obligación de ofrecer alternativas seguras como tarjetas electrónicas, códigos, llaves físicas o sistemas de registro manual. De esta manera, se garantiza que quienes no deseen entregar su información biométrica puedan acceder a las instalaciones sin ser excluidos ni presionados a aceptar medidas que ponen en riesgo su privacidad.