¿Te pueden demandar si usas collar de ahogo en tu mascota? Descubre que dice la Ley Kiara
Un abogado desentraña la verdadera aplicación de la Ley 2480 de 2025, conocida como Ley Kiara, y aclara si los dueños de mascotas pueden ser sancionados por el uso de collares restrictivos.
La reciente aprobación de la Ley 2480 de 2025, popularmente conocida como Ley Kiara, ha generado un sinfín de conversaciones y no pocas confusiones entre los dueños de mascotas en Colombia.
Muchos creen que esta normativa implica una prohibición directa para cualquier persona que use collares de ahogo, eléctricos o de púas con sus perros. Sin embargo, la realidad, según explica el abogado Juan Pablo López en una entrevista exclusiva para El Klub de La Kalle, es considerablemente más matizada y, para algunos, paradójica.
La Ley Kiara, en efecto, prohíbe explícitamente el uso de ciertos tipos de collares considerados perjudiciales para la salud e integridad de los animales, como los collares de púas, eléctricos o de ahogo.
Estos accesorios, que en ocasiones son empleados en el adiestramiento canino, han sido objeto de debate por su potencial para causar daño o sufrimiento a las mascotas.
La intención detrás de esta prohibición es proteger el bienestar animal, pero el punto crucial reside en a quién va dirigida esta regulación y quién es susceptible de ser sancionado bajo su amparo.
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De acuerdo con el experto legal, la Ley 2480 de 2025 no está diseñada para sancionar al usuario final, es decir, al dueño de la mascota que decide utilizar estos collares.
Contrario a la creencia popular, si un ciudadano es visto en la calle paseando a su perro con un collar de ahogo, no podrá ser denunciado bajo las estipulaciones de la Ley Kiara.
La normativa está específicamente orientada a los "proveedores del servicio". Esto significa que las sanciones se aplican a los negocios que venden estos collares o a los prestadores de servicios que los utilizan en el marco de una actividad comercial con mascotas.
Perro en el carro, imagen de referencia
Foto: Getty Images
Por ejemplo, si un establecimiento de adiestramiento emplea un collar eléctrico en un perro durante una sesión de entrenamiento, o si una tienda comercializa estos artículos, son ellos quienes estarían sujetos a las repercusiones de la ley.
Las sanciones que la Ley Kiara puede imponer son de carácter económico, oscilando entre cinco y veinte salarios mínimos.
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Además, en casos de mayor gravedad, las alcaldías, que son las entidades encargadas de aplicar esta ley, podrían incluso ordenar el cierre del establecimiento infractor.
No obstante, es vital comprender que estas sanciones buscan castigar el incumplimiento de las normas por parte del proveedor, no proporcionar una compensación económica al dueño de la mascota por los daños sufridos.
Para aquellos casos donde una mascota sufre un daño o se ve afectada su integridad debido al uso de estos collares por parte de un prestador de servicios (por ejemplo, en una guardería o peluquería), y el dueño busca una reparación económica o una compensación, la Ley Kiara no es la vía adecuada.
En estos escenarios, el abogado Juan Pablo López enfatiza que se debe recurrir a la Ley 1480 de 2011, conocida como el Estatuto del Consumidor. Esta ley, que ya existía previamente, permite a los afectados reclamar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para obtener la devolución de dinero, una compensación por el daño o la debida prestación del servicio.
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Es importante destacar que ambas acciones no son excluyentes, lo que significa que un dueño de mascota puede buscar tanto la sanción del establecimiento a través de la Ley Kiara como la compensación por el daño a través de la Ley 1480.
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La confusión generada por la Ley Kiara ha sido un punto de crítica por parte del abogado López, quien la califica como una "falla en la técnica legislativa".
Argumenta que, en lugar de complementar las herramientas legales ya existentes, se creó una normativa independiente que complica la comprensión y aplicación para el ciudadano común.
La preocupación radica en que muchos dueños de mascotas acudirán a las alcaldías esperando una compensación, solo para descubrir que la Ley Kiara solo permite imponer sanciones al establecimiento, dejándolos sin el resarcimiento esperado.
En resumen, si bien la Ley Kiara busca regular el cuidado de las mascotas y prohíbe el uso de ciertos collares, su aplicación se restringe a los negocios y profesionales que ofrecen servicios para animales o que comercializan estos productos.
Para el ciudadano de a pie que usa estos accesorios en su vida diaria, la ley no establece una prohibición o sanción directa.
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Si el daño o maltrato proviene de un prestador de servicios, se tienen dos vías de acción que, aunque complejas, buscan proteger los derechos de las mascotas y sus dueños.
Para situaciones de maltrato animal general no relacionadas con un servicio, como un vecino que descuida a su mascota, aplican otras normativas de carácter penal, y la recomendación es contactar a la Policía Nacional. La clave está en comprender estas distinciones para saber a qué autoridad acudir y bajo qué ley actuar.