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Millones de colombianos quedarán reportados en Datacrédito tras decisión del Congreso

La Mesa Directiva de la Cámara no agendó el debate de la Ley Borrón y Cuenta Nueva, dejando a millones sin su segunda oportunidad financiera.

Congreso de Colombia hunde proyecto que beneficiaba a deudores

El Congreso de la República tomó una decisión que ha caído como un balde de agua fría: el proyecto de ley de Borrón y Cuenta Nueva 2.0 fue hundido oficialmente.

Esta iniciativa, que prometía ser un salvavidas para quienes tienen registros negativos en centrales de riesgo, se quedó sin tiempo en la actual legislatura al no ser agendada para debate, lo que cierra las puertas a un alivio inmediato para cerca de siete millones de colombianos.

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La noticia ha generado un enorme revuelo, especialmente porque esta propuesta buscaba otorgar una verdadera segunda oportunidad a los deudores morosos.

El objetivo principal era sencillo pero potente: permitir que aquellas personas que lograran saldar sus deudas con bancos, comercios o empresas de servicios, pudieran limpiar su historial crediticio de forma rápida para reintegrarse al sistema financiero formal.

Sin embargo, al archivarse el proyecto, ese camino hacia la libertad económica se ha vuelto a bloquear para una gran parte de la población.

El representante a la Cámara Alejandro Ocampo, no ocultó su indignación ante lo sucedido. Según el congresista, la falta de gestión por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes fue el factor determinante para que el proyecto no viera la luz.

Ocampo fue enfático al señalar que esta omisión termina favoreciendo directamente a las entidades bancarias, dejando de lado las necesidades de ciudadanos que, en muchos casos, permanecen reportados en Datacrédito por montos mínimos de 5.000 o 10.000 pesos.

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¿Cuáles eran los beneficios de esta propuesta?

Los beneficios eran bastante atractivos para el bolsillo y la tranquilidad de los hogares. El proyecto contemplaba una amnistía especial para quienes pagaran sus deudas en los primeros 12 meses de vigencia de la norma.

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En estos casos, el reporte negativo habría desaparecido en apenas dos meses después de realizar el pago, a diferencia de lo que ocurre actualmente, donde la mancha financiera puede persistir hasta por cuatro años.

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Además, el proyecto traía buenas noticias para los estudiantes. Se preveía que quienes tuvieran créditos educativos pudieran salir de las "listas negras" tras pagar solo seis cuotas consecutivas de sus acuerdos, incluso si todavía tenían un saldo pendiente por cancelar.

También se proponía la eliminación automática e inmediata del historial negativo para todos aquellos que ya hubieran liquidado sus obligaciones antes de que la ley fuera aprobada. Todo esto quedó, por ahora, en el papel.

La controversia no se detiene ahí. Alejandro Ocampo lanzó acusaciones directas, asegurando que el "lobby" de Asobancaria —la asociación que representa al sector financiero— tuvo más peso en el Congreso que el clamor popular.

Sus palabras fueron contundentes al afirmar que la Mesa Directiva "le jugó a la banca" al decidir no agendar el debate desde agosto de 2025, impidiendo que la plenaria discutiera y votara una ley que buscaba reactivar la economía de millones de familias.

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Es importante recordar que Colombia ya había tenido un intento previo con la Ley 2157 de 2021. Aunque en ese momento se esperaba beneficiar a 16 millones de personas, solo 1,7 millones lograron limpiar su historial debido a diversos obstáculos y falta de información.

Esta nueva versión, la 2.0, pretendía corregir esos errores y ampliar el alcance de la amnistía.

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Hoy, la realidad es que estar reportado negativamente en centrales como Datacrédito, administrada por Experian, sigue siendo un obstáculo gigante.

No se trata solo de no poder sacar una tarjeta de crédito; este reporte afecta directamente las posibilidades de acceder a una vivienda propia o incluso de conseguir ciertos empleos, ya que muchas empresas consultan estos antecedentes.