La discusión sobre el salario mínimo en Colombia entró en una nueva etapa luego de que el Gobierno presentara un recurso para intentar levantar la suspensión del decreto que fijó el incremento para 2026. La medida fue radicada ante el Consejo de Estado, que días atrás había ordenado frenar provisionalmente la aplicación del Decreto 1469 de 2025.
La suspensión se produjo luego de que el alto tribunal considerara que el aumento definido, equivalente a un 23,7 %, no cumplió con todos los criterios técnicos exigidos por la ley.
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Entre los puntos cuestionados se mencionaron variables como productividad laboral, metas económicas del Banco de la República y la inflación registrada, que fue del 5,3 %. Para la sala que estudia el caso, el alza decretada superaba ampliamente esos indicadores.
A pesar de esa decisión, el Ejecutivo no se quedó quieto. En las últimas horas elevó un recurso de súplica con el que busca que el Consejo de Estado reconsidere la medida cautelar.
Según el argumento oficial, la suspensión afecta el interés general y genera un escenario de inseguridad jurídica para trabajadores, empresas y entidades públicas.
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El Gobierno presentó un recurso para revertir la suspensión del decreto
El recurso fue presentado dentro del proceso iniciado por el ciudadano Carlos Francisco Soler Peña contra la Nación, representada por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Presidencia.
La demanda cuestiona la forma en que se estableció el aumento y sirvió de base para que el tribunal ordenara frenar temporalmente el decreto.
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Mientras se define si se levanta o no la suspensión, el Gobierno tiene un plazo de ocho días para expedir un nuevo decreto transitorio que se ajuste a los criterios técnicos exigidos por la ley. Esa norma serviría como respaldo temporal en caso de que el Consejo de Estado mantenga su postura inicial.
¿Trabajadores deberán devolver dinero?
En lo inmediato, la suspensión no afecta los pagos ya realizados. Los salarios y pensiones que se liquidaron con base en el monto fijado inicialmente —1.750.905 pesos más auxilio de transporte— no serán objeto de reversión por ahora. Esto ha sido clave para evitar confusión entre empleadores y trabajadores.
El tema también se ha movido en el plano político. Desde la Casa de Nariño se ha defendido el concepto de “salario vital” como base para justificar el incremento y se han anunciado movilizaciones para respaldar esa postura. La discusión dejó de ser solo técnica y se trasladó al debate público sobre el poder adquisitivo de los hogares.
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El Consejo de Estado deberá estudiar el recurso de súplica y decidir si mantiene la suspensión o si permite que el decreto vuelva a tener efectos mientras se adopta una nueva norma. Esa decisión será determinante para definir si el aumento fijado inicialmente se sostiene o si debe ajustarse a los parámetros técnicos señalados por el tribunal.
Por ahora, el país se mueve entre dos escenarios: uno en el que se levanta la suspensión y se conserva el incremento decretado, y otro en el que se impone la expedición de un nuevo decreto con cifras revisadas.
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En ambos casos, el salario mínimo 2026 sigue bajo revisión y pendiente de una definición jurídica que marcará el rumbo de la política salarial en los próximos meses.
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