
¡Sin escapatoria! Nuevas medidas legales endurecen sanciones contra deudores en Colombia
Más allá del reporte en centrales de riesgo, los colombianos que incumplen obligaciones crediticias podrían enfrentar otro tipo de 'castigos'.

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En Colombia, no pagar una deuda con bancos , cooperativas o empresas ya no solo significa ver afectado el historial crediticio. Ahora, las implicaciones legales van mucho más allá de un simple reporte en centrales de riesgo como Datacrédito.
Los deudores morosos se exponen a procesos judiciales que podrían derivar en el embargo o secuestro de sus bienes , así como en el remate de propiedades o el congelamiento de cuentas bancarias.
Así lo confirmó el equipo jurídico de Guerrero Abogados, al explicar que, además del impacto que tiene un reporte negativo en el historial financiero, lo cual dificulta el acceso a nuevos créditos, también es posible que los acreedores recurran a demandas judiciales como mecanismo para recuperar lo adeudado.
Las centrales de riesgo juegan un papel fundamental en este proceso. Estas entidades almacenan y procesan información financiera, comercial y de servicios de personas y empresas.
Su función principal es ofrecer a bancos y otras entidades datos confiables sobre el comportamiento de pago de los ciudadanos, permitiéndoles evaluar riesgos antes de otorgar un crédito.
No obstante, la Ley 2157 de 2021 introdujo un límite a la permanencia de esta información negativa en las bases de datos . Según lo estipula el artículo 3, parágrafo primero, después de ocho años de mora en una obligación financiera, la información relacionada con el incumplimiento deberá ser eliminada automáticamente.
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“Una vez transcurrido este término, el reporte negativo ya no podrá seguir apareciendo” , explicó un abogado de Guerrero Abogados. “Este periodo de tiempo se cuenta desde el momento en que se incurre en la mora”.
A pesar de ello, los efectos legales por la falta de pago pueden manifestarse mucho antes de que transcurran esos ocho años. De acuerdo con los expertos, existen consecuencias judiciales que pueden aplicarse de forma paralela al reporte negativo, como demandas para:
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Estos procesos están al alcance de entidades financieras, cooperativas e incluso personas naturales a quienes se les adeude dinero.
Por otro lado, el bufete aclaró que el impago de obligaciones financieras con estas entidades no representa un delito penal, por lo que no genera detención ni restricciones migratorias.
Sin embargo, sí existen excepciones: las deudas relacionadas con cuotas alimentarias o con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sí pueden derivar en sanciones de tipo penal, incluyendo cárcel.
En definitiva, aunque muchas personas consideran que estar en Datacrédito es la peor consecuencia de una deuda , las herramientas legales actuales permiten a los acreedores ir más allá del reporte financiero.
La legislación vigente busca fortalecer el sistema de cumplimiento de obligaciones y desalentar el incumplimiento, protegiendo así la estabilidad del sistema crediticio colombiano.
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